Siempre será una tragedia la muerte de un joven. Si se trata de alguien famoso como quien caracterizó a “Benito Rivers”, resulta inevitable que su inesperada muerte haya desatado incógnitas y especulaciones, y más al combinarse con otros elementos como la inclusión en la trama de autoridades mexiquenses en términos desafortunados y/o jurídicamente inexplicables.
1.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México formuló conjeturas mediante comunicados:
Que el actor y acompañantes, bajo el influjo del alcohol, intentaron huir cuando la patrulla municipal de Cuautitlán Izcalli les marcó un alto de rutina. Que en la huida, perdió el control de su vehículo y se impactó contra un muro de contención. Que sacó un arma de la guantera y se disparó en la cabeza.
2.- Sin embargo, los videos difundidos en redes sociales muestran una historia diferente:
Se observa a elementos municipales revisando la camioneta accidentada y un policía saca algo de su chaqueta (se especula que “le plantaron el arma”). La pistola encontrada en la mano del actor resultó ser de un calibre diferente al del disparo en la cabeza. Las autoridades señalan que murió en un hospital en Lomas Verdes, pero en el hospital dijeron que fue en la ambulancia. La policía de Cuautitlán Izcalli terminó la persecución en la carretera Lerma–Lechería, una zona federal (en la que no son competentes).
Casos como lo anterior, no solo producen impotencia ciudadana ante la posibilidad de verse inmersa en una experiencia similar por una persecución policiaca injustificada o desproporcionada que además resultó fatídica.
3.- En cuanto al derecho a la vida privada, urge la regulación de contenidos de información en los espacios digitales. La rapidez con la que se difunde la información cada vez es mayor, y no se debieran consentir vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas, como el derecho al honor, al buen nombre o a la propia imagen de las posibles víctimas de algún delito, aunque sean figuras públicas.
La invasión a la privacidad del actor en este caso, todo lo indica, se produjo por irresponsabilidades de los agentes policiacos y las autoridades ministeriales que alteraron evidencias y las acreditaron como ciertas, respectivamente.
Además, difundieron grabaciones del occiso extraídas de su celular, para generar una campaña negra contra el joven actor, y minimizar el abuso policial (que el celular fue “robado” por un efectivo que a su vez propagó esas imágenes y se jactó de haberlo hecho).
En síntesis, desde la autoridad, qué manera de estropear un caso y favorecer al morbo y al vilipendio de la honra de quien ya no puede defenderse de imputaciones e intimidades esparcidas y que no son relevantes. Ahora tocará el turno al juez competente para revertir el efecto de actuaciones que, como las enumeradas, aumentan el repudio ciudadano a la autoridad en general.
POR FRANCISCO ACUÑA LLAMAS
ANALISTA Y CATEDRÁTICO DE LA UNAM
PAL