Para entender e interpretar la iniciativa de Reforma Eléctrica que recientemente presentó el Presidente López Obrador ante la Cámara de Diputados, es necesario analizar nuestro proceso histórico y tratar de comprender qué sistema de País queremos.
La Constitución de 1917 estableció –por primera vez en la historia jurídica— las Garantías Sociales, buscando la mejoría social, cultural y económica de los mexicanos; sus preceptos modificaron la concepción clásica de la propiedad privada y sujetaron ésta a las modalidades que dicte el interés público como lo establece el artículo 27 constitucional.
La Política Económica desarrolló un concepto mixto bajo la conducción y rectoría del Estado Nacional; para lograr éste objetivo era necesario que las grandes empresas energéticas fueran propiedad de la Nación y que la propia Carta Magna definiera que esto no constituía monopolios (artículo 28 constitucional), porque se trataba del meollo de la defensa económica de nuestra Soberanía y sólo con la propiedad de nuestros recursos naturales (petróleo, electricidad, uranio, entre otros) se podrían conseguir los fines propuestos (hoy la iniciativa se refiere también al litio).
El crecimiento económico a tasas mayores al 6% permitió que se calificara ésta Política Económica como el “Milagro Mexicano” (1934 a 1976).
El advenimiento del Capitalismo Neoliberal cambió la concepción en el mundo; las tesis keynesianas se oscurecieron y el interés básico que constituye el lucro y la acumulación individual de la riqueza, fue el impulso en este nuevo modelo que –sin duda— logró enormes avances tecnológicos y un crecimiento económico exponencial; no obstante, su “talón de Aquiles” ha sido la concentración grosera de la riqueza en unas cuantas manos.
López Obrador, ofreció luchar contra el Neoliberalismo y realmente no lo había hecho en forma eficiente, hasta que planteó esta reforma, que le podría devolver al Estado el control de la electricidad y el 54 % de la producción nacional de ese energético.
El País está dividido, hay posiciones encontradas y argumentos razonables, sin embargo, es claro el agotamiento mundial de la globalización y la necesidad de encontrar nuevas rutas hacia un crecimiento compartido.
Por otra parte, en la arena política está en juego la legitimidad democrática y una opción viable para que cada Partido mantenga su ideología y autonomía, sería otra reforma constitucional que estableciera la Segunda Vuelta Electoral, lo que evitaría alianzas artificiales, o contranatura, como la de “Va por México”, y permitiría una gran competencia en la Segunda Vuelta, en la que la oposición sería abanderada por aquel Partido que hubiere obtenido mayores votos, siempre y cuando ninguno haya obtenido –en la Primera Vuelta— el 51% de los comicios.
Este es un momento de definiciones y el PRI –sin sumarse a Morena—, conservando su identidad, podría negociar la Reforma Eléctrica con las modificaciones que la gravedad del asunto requiere, obteniendo a cambio la posibilidad de realizar un verdadero juicio democrático en la elección presidencial del 2024.
La República merece una Estado Social de Derecho que –en medio de la crisis mundial— nos devuelva la esperanza de un destino mejor, que permita abatir la pobreza y la desigualdad.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
MAAZ