Indira Vizcaíno, fue perredista primero; funcionaria del gobierno priísta de José Ignacio Peralta, después y, finalmente, morenista encaminada desde 2018 a convertirse en gobernadora de Colima. Aunque había ganado territorialmente una diputación federal, de inmediato fue designada superdelegada, cargo que dejó a finales del año pasado en manos de su incondicional, María Guadalupe Solís Ramírez.
En Tlaxcala, Lorena Cuellar pidió licencia al cargo de diputada federal para el que fue electa en 2018; fungió como superdelegada antes de entregar el cargo a su incondicional, Carlos Luna, mientras ella, catapultada a la gubernatura por Morena, asumió en septiembre pasado.
En Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, lo mismo: apenas electo renunció al escaño en el Senado que ganó en la elección de 2018; asumió superdelegado y, a finales del año pasado, depositó el cargo en Diphna Yanssen Weichselbaum, para convertirse en gobernador, como en 2019 había ocurrido también, con Jaime Bonilla, en Baja California.
Y es que la estructura federal de representación en los estados, fue desde su anuncio a finales de 2018, previsible fábrica de candidatos a las gobernaturas y si bien, hoy mantiene su objetivo de avance territorial del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, plenamente identificado con Morena, también es cierto que entró a una segunda fase: la construcción de supergobernadores.
El común denominador de los mencionados es que usaron las llamadas coordinaciones de Desarrollo, como trampolín evidente de aspiraciones políticas; tuvieron a su cargo al ejército conocido como “Servidores de la Nación” en sus estados y con ellos, aterrizaron los programas sociales.
Luego, lograron convertirse en gobernadores dejando la representación federal a incondicionales, maniobra esta que les permite hoy el control de presupuesto y funciones en sus respectivas entidades, mientras las llamadas coordinaciones de Desarrollo, están también a su servicio.
Naturalmente, el trato es desigual. Los gobernadores de oposición enfrentan la operación del representante presidencial en sus estados mientras que acusan la disminución de recursos que desde el primer año de gobierno se les han escamoteado como parte de las medidas de austeridad y de aplicación directa de presupuestos por parte de la federación.
El tema hizo crisis el año pasado, cuando una docena de mandatarios integraron la Alianza Federalista, un frente que reclamaba entre otras cosas, mejor trato presupuestal, e inclusive, en el caso de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, amagó con romper el pacto federal.
Aunque la llamada Alianza Federalista continuó, el discurso fue atemperado desde junio, cuando en medio de lo más duro de la pandemia el reclamo se les revirtió a golpe de mañaneras que exhibían, entre otros excesos contrastantes con la hiperausteridad federal, episodios como el de aquel encuentro en Guanajuato, al que todos llegaron en aviones de sus respectivos gobiernos mientras el presidente solo viaja en vuelo comercial.
La Alianza Federalista finalmente está por desintegrarse pues la mayoría de los miembros terminaron su período o terminarán el próximo año. Pero en estos días, el tema de las participaciones federales ha vuelto a colocarse en la agenda debido a que el presidente López Obrador dijo que no entregará más recursos a los estados mientras no demuestren que ya no hay corrupción ni privilegios en el gasto estatal.
Lo hizo de cara a la consulta ciudadana que precisamente Enrique Alfaro está convocando para realizarse en Jalisco, entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre, a fin de conseguir respaldo social para una revisión del pacto de coordinación fiscal.
De fondo, el asunto implica el choque de federalismo contra centralismo; también de instituciones contra definición unipersonal. Uso político del gobierno, y por lo tanto patrimonialista, de unos y otros. Es cierto que los estados tienen derecho a recursos tanto como lo es que los excesos de los gobernadores son notables. Los escándalos de corrupción de exgobernadores son prueba suficiente de la falta de controles institucionales.
Del otro lado, hay una concentración de poder y recursos que fortalece a los gobernadores morenistas que tienen bajo su control a los superdelegados. Eso se ampliará el próximo año si, como esperan, varios de los lopezobradoristas que representan al gobierno federal asumen las candidaturas en los seis estados que se disputarán en 2022.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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