Si bien las redes sociales son la nueva arena para el debate político, lejos de contribuir a un diálogo inclusivo y civilizado entre las partes, se han convertido en un catalizador de la violencia, en donde lo virtual adquiere matices de realidad, cuando de los insultos que la inundan, se da paso al acoso y la amenaza, para silenciar a quienes ahí participan, por sus ideas.
En un mundo en el que la identidad y presencia digitales, representan para muchos la única vía para ser escuchados, frente al monopolio de la palabra que ejerce el poder político, anular a quienes tienen una opinión o pensamiento divergentes en estas plataformas, equivale en la práctica a socavar su derecho a existir.
Así lo han intentado ahora con la senadora Lilly Téllez, quien luego de llamar al Presidente “violador serial de la Constitución”, y después que éste la acusara de quererlo insultar en el Senado, recibió sendas amenazas, dirigidas a ella y a uno de sus hijos, provenientes de un par de cuentas anónimas en Twitter.
Por lo visto, la violencia política empieza en la máxima tribuna presidencial, a través de las sistemáticas descalificaciones hacia los opositores, pero continúa y se esparce como virus en las redes, en donde sus huestes han encontrado un vehículo perfecto para actuar impunemente.
No se trata de un hecho aislado, pues de los 1,066 delitos que impactaron sobre la integridad de políticos y candidatos en el pasado proceso electoral, hubo 339 amenazas (casi una tercera parte del total), y el 24 por ciento de estas se difundieron principalmente a través de Facebook y Whatsapp, desde cuentas anónimas; de ahí que el 71 por ciento de quienes recibieron amenazas, no pudieran identificar a los presuntos autores de las mismas (Etellekt: 2021).
Lo peor es que los gobiernos y las fiscalías (dependientes de los primeros), tampoco lo han logrado, exponiendo su total indiferencia a las víctimas, la mayoría (75 por ciento), opositoras a los gobernantes en turno, igual que Lilly Téllez. Dejar impune su caso, impediría al mismo tiempo acreditar sí la amenaza se formuló no sólo por un móvil político sino por el hecho de ser mujer, indispensable para activar a su favor los mecanismos legales de protección y reparación del daño, y de sanción a las personas infractoras, en materia de violencia política de género.
Para garantizar la no repetición de estas conductas, no basta con que López Obrador ofrezca discursos para apaciguar a sus simpatizantes –casi como una confesión de parte-. Se necesita combatir la impunidad. Lo cual es improbable, pues el poder no se denuncia e investiga a sí mismo, y menos cuando es el mismo Presidente el que incita la agresividad de sus seguidores.
POR RUBÉN SALAZAR
DIRECTOR ETELLEKT
@ETELLEKT_
PAL