La educación básica enfrenta no sólo el reto de asegurar la operación de más de 138,817 escuelas reabiertas sino, además, apoyar la reapertura de las aproximadamente 90,000 escuelas que continúan cerradas y que más de 11 millones de niñas, niños y jóvenes sientan la confianza de regresar a actividades educativas presenciales.
Por si esto fuera poco, en el futuro cercano se deberán adoptar medidas para transformar las prácticas escolares tradicionales, a fin de enfrentar las secuelas que dejaron los 17 meses de inactividad presencial. Y no podemos dejar a las escuelas que enfrenten solas semejante reto.
En ese contexto, es controversial que el gobierno federal mantenga una estrategia presupuestal diseñada antes de la pandemia y en la que prevalecen criterios financieros y políticos que tienen prioridad frente a los educativos. Ante la restricción de recursos, se dio prioridad a los programas presidenciales que buscan darle rentabilidad a los recursos para becas e infraestructura visible para las familias. Esto ha originado una brecha notable entre el discurso y la realidad de las escuelas.
El ejemplo más notorio es el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), el único programa que esta administración mantiene para apoyar a las escuelas, pero que resulta inadecuado para los retos actuales, principalmente ocasionados por la pandemia.
Por una parte, los recursos de LEEN son insuficientes para apoyar a las escuelas rurales, ubicadas en zonas de alta marginación, porque se ampliaron sus objetivos. Este programa fue pensado en 2019 para atender los problemas de infraestructura y equipamiento, pero en 2021, ante el nivel de reclamos generados por la desaparición de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), hubo un compromiso forzado para incluir, entre otros apoyos, servicios de alimentación y pago a maestros de 27 mil escuelas con recursos de LEEN. El resultado fue que muchas escuelas quedaron sin apoyos.
Además, el programa es ineficaz para resolver los problemas que las escuelas reabiertas en agosto y las que permanecen aún cerradas enfrentan.
La cobertura de LEEN fue pensada para atender las escuelas ubicadas en zonas de alta marginación, pero la mayoría de las más de 11 mil escuelas que han visto deteriorada su infraestructura y equipamiento por abandono o vandalismo, están en zonas urbanas. El resultado es que no hay recursos federales para apoyarlas. Solamente hay promesas de inversión de los estados por 1,187 millones de pesos para 3,360 escuelas.
Esto es claramente insuficiente ante las 90,000 escuelas que permanecen cerradas.
La gestión de la maestra Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede hacer la diferencia respecto a los anteriores funcionarios. A 100 años de la creación de la SEP esperamos una renovación del compromiso con la escuela pública que se vea reflejada en apoyos claros y contundentes.
POR FERNANDO RUIZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO
@FRUIZ_RUIZ
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