TIEMPO DE INFRAESTRUCTURA

Volver al pasado

La modificación a la ley podría afectar la forma en la que se da la industria en México

OPINIÓN

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Fausto Barajas/ Colaborador/ Opinión El Heraldo de México

El presidente López Obrador envió al congreso una iniciativa de reforma eléctrica que frenaría la economía mexicana durante décadas. Dicha iniciativa le da cuerpo al discurso neoestatista del presidente. Es neoestatista, no porque tenga ideas nuevas, sino porque es la nueva implementación de ideas viejas y equivocadas.

Los países que más desarrollo han tenido en el último siglo son los que avanzaron hacia el camino de la libertad democrática, económica e incluso religiosa. Sin embargo, la reforma obradorista va en sentido contrario al prohibir la participación de los ciudadanos y empresas en el sector energético, en especial en el eléctrico.

La reforma busca regresar a un sistema eléctrico controlado totalmente por el gobierno, como sucedía en el siglo pasado. Algo que no funcionó entonces, no funciona hoy y no funcionará en las próximas décadas.

La aritmética nos da elementos claros de la pifia presidencial. En la próxima década, de acuerdo con el mismo gobierno, el país pasará de un consumo eléctrico de 328 a 421 Terawatt-hora (TWH), un incremento de 31 por ciento. Para atender dicha demanda se tienen que invertir más de 134,000 millones de pesos cada año en generación, transmisión y distribución; sin embargo, el gobierno a través de la CFE invierte poco más de una tercera parte que ronda a los 49,000 millones de pesos. El gobierno no puede solo, incluso la CFE gasta más en pensiones que en inversiones.

Entre el realismo del Informe y el Presupuesto en Inversión

Si la reforma se aprueba, las afectaciones irán más allá de lo eléctrico, porque la falta de energía inhibirá las inversiones en todos los sectores, en especial en el manufacturero, del que depende en buena parte la economía del país.

El mexicano común asumirá los costos de la reforma pagando por una energía más cara, con menos empleo y menos servicios públicos, porque el Gobierno tendrá que destinar cada vez más recursos del presupuesto, que proviene de los impuestos que pagamos todos, hacia el sector eléctrico.

Desde 2019 ya tuvimos una prueba de esto con la cancelación de las subastas eléctricas que permitían la inversión privada. Esto se tradujo en una caída de más de 90 por ciento de la inversión extranjera en el sector, al pasar de 5,000 millones de dólares en 2018 a solo 420 millones en 2020. Además de los apagones en grandes zonas del país, algo que nunca había visto la mayoría de los mexicanos.

La reforma toca los artículos 25, 27 y 28 de la constitución y considera la desaparición de órganos como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con lo que se ponen en riesgo prácticamente todos los permisos y contratos emitidos por estos, que van desde la parte petrolera, hasta la eléctrica, pasando por ductos y gasolina.

Golpe de realidad en los proyectos presidenciales

También la reforma considera restringir las inversiones que tengan que ver con el litio y otros minerales útiles para la transición energética, sin especificar a qué minerales se refiere.

Mientras el gobierno deja hacer y deja pasar a la delincuencia con su política de abrazos, es restrictivo al no dejar hacer y no dejar invertir en actividades lícitas para generar crecimiento, empleo y bienestar. En este caso será tarea del congreso, tanto de la oposición como de los miembros de MORENA y aliados, no aprobar esta reforma que restringe las libertades en el país y aniquila oportunidades para millones de mexicanos.

POR FAUSTO BARAJAS CUMMINGS 
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA 
@FAUSTOBARAJAS