Hace unos días el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicó un comunicado en el que aseguran que Chiapas está al borde de una guerra civil, acusando al gobierno del estado por la represión violenta de normalistas rurales, al considerar que se han saboteado acuerdos conseguidos con el gobierno federal. Además, señala que el gobernador Rutilio Escandón sostiene alianzas con organizaciones del crimen organizado, las cuales han ocasionado que las comunidades comiencen a formar grupos de autodefensa para hacer frente a las presiones criminales y de grupos paramilitares que, según su dicho, son financiadas por el gobierno local.
Si bien hablar desde la retórica de una guerra civil es algo apresurado, lo cierto es que en fechas recientes las actividades criminales acompañadas del uso de la violencia letal se han ido presentando con mayor incidencia en una entidad históricamente con los menores índices de criminalidad y violencia. Chiapas hasta hace poco era ajeno a la degradación social que acarrea la presencia del narcotráfico al no representar un foco de interés específico para el crimen organizado.
El estado no es prioritario en la ruta de la droga del país, ni cuenta con grandes ductos que atraigan operaciones de huachicoleo ni tampoco cuenta con una economía pujante de exportación agrícola, como sí lo representa Michoacán con su exportación de aguacate.
Desafortunadamente, ese delicado equilibrio que se había mantenido entre el gobierno federal y las fuerzas autogestoras de comunidades indígenas se ha roto a partir de la llegada del crimen organizado el cual vio en el tránsito de caravanas migrantes, centroamericanas y caribeñas el potencial negocio del tráfico humano ante la inoperancia del Instituto Nacional de Migración.
Ante esta situación, otro factor que distingue estos nuevos levantamientos sociales es la proliferación del paramilitarismo como negocio criminal. En varios municipios se presentan grupos que portan armamento de alto calibre y supuestamente ofrecen protección ante la delincuencia. No obstante, esta situación bien puede traducirse como una reinterpretación de los conflictos políticos comunitarios que imperan en regiones de la entidad desde hace décadas.
De ahí surge el reclamo del EZLN hacia el gobierno estatal, ya que mencionan que algunas autoridades permiten la operación de estos paramilitares a fin de favorecer algunos grupos de interés. El problema es que ante la aparición de estas organizaciones su proliferación es el próximo paso inmediato, con lo que el incremento de la violencia se potencializa y la mediación pacífica sale por la puerta, como ocurrió en Michoacán.
Desde esta antesala de la ingobernabilidad es que el EZLN hace un llamado a las autoridades federales para atender no sólo una necesidad de seguridad, sino para la reivindicación de los movimientos indigenistas que a lo largo de los años han buscado visibilizar las carencias y abusos que sufre esta población vulnerable no sólo en Chiapas sino en todo el país.
Hasta ahora no ha habido pronunciamientos sustanciales ni mucho menos estrategias de mediación y solución del presente conflicto, pero sin duda es imprescindible que este gobierno que presume priorizar a los más necesitados atienda de frente las exigencias de los olvidados del sur de México.
POR AZUL ETCHEVERRY
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MAAZ