Como un primer revés a la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, tomaron en Palacio Nacional el fallo de la Corte mediante el cual se elimina la prisión preventiva oficiosa contra factureros, defraudadores fiscales y contrabandistas.
La resolución, adoptada el pasado lunes por el máximo tribunal judicial, tomó por sorpresa al gobierno.
Nadie en el círculo cercano al presidente López Obrador tenía el tema en el radar, ni mucho menos una estrategia para cabildear, litigar o impedir que avanzara.
Eso provocó una reacción de enojo, como pocas veces, en el Presidente, y en una reunión de gabinete ordenó analizar el tema e iniciar una batalla jurídico-legal y política.
Si el asunto es irreversible en los tribunales, les pidió llevarlo al Congreso e impulsar las iniciativas necesarias para poner tras las rejas a defraudadores fiscales, particularmente a factureros.
Por ese motivo, él mismo y otros funcionarios, como el procurador fiscal, Carlos Romero, entraron a la arena pública y no dejarán de hacerlo hasta que se modifique la ley.
Al Presidente le asiste la razón. La evasión fiscal en México alcanzó 1.4 billones de pesos, lo que equivale a 6% del Producto Interno Bruto nacional, según diversas firmas especializadas. Sin embargo, en la Corte privaron otros criterios para modificar la ley. El ministro presidente, Arturo Zaldívar, defendió el fallo.
Dijo que la prisión preventiva oficiosa es una sentencia adelantada y desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad que deben tener las personas.
El mandatario lo planteó a su manera. Declaró que es menester que el Poder Judicial castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no pongan la justicia al servicio de los poderosos. Consideró que la decisión de la Corte protege a la corrupción y a una minoría, pero castiga sólo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Se protege a delincuentes de cuello blanco, de fifís que entonces no pueden ir a la cárcel, dijo.
•••
En un abrir y cerrar de ojos, el gobierno federal puso fin al conflicto laboral que prevalecía entre los cinco mil trabajadores de la refinería Dos Bocas.
La fórmula fue simple. Optaron por dividir todos los contratos entre sindicatos afines a la CTM, que encabeza Carlos Aceves, y a la CATEM, comandada por Pedro Haces.
Como ha ocurrido en otros conflictos, los cetemistas agacharon la cabeza y, voluntariamente a fuerzas, cedieron una importante parte de su control a la central de trabajadores, más afín a la 4T. Cooperan o cuello, les dijeron. Y sin chistar, quedó resuelto el conflicto al que hizo alusión AMLO, cuando se armó la bronca en una de las obras emblemáticas de este gobierno.
•••
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Sin un mínimo de presión no se obtiene nunca nada. Algunas hostias bien dadas hacen ganar semanas en el conocimiento de las tramas subversivas”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
CAR