Hace meses —acaso años— se ha venido denunciando por parte de colectivos organizados en causas sociales urgentes el desabasto médico para pacientes “cero-positivos” o portadores de VIH.
Se trata de luchas humanistas que de modo admirable realizan activistas sensibles al dolor y a la impotencia por enfermedades o padecimientos incurables; para los que, habiendo medicamentos, o no existe forma de conseguirlos o, más triste, no hay modo de ponerlos a su alcance para aliviar los estragos de los síntomas y demás sufrimientos.
Básicamente, nos referimos al VIH, causante del SIDA, y en este terreno se ha señalado los siguientes medicamentos inexistentes a octubre de 2021 en clínicas y hospitales públicos en general:
Raltegravir, Etravirina, Cobisistat/duranavir y Maravirok, sin que haya respuesta a pesar de protestas y manifestaciones contra el CENSIDA y el INSABI que no encaran la situación y/o la explican y proponen remedios.
Desde la década de los ochenta y hasta hace relativamente poco se ha podido colocar al VIH como problema de salud pública, una cuestión que concierne a todos y que reclama políticas públicas funcionales que ayuden a los pacientes a recibir el amparo del Estado en cuanto a su derecho a la salud universal.
Durante más de tres décadas, miles de pacientes mexicanos diagnosticados con VIH, y otros muchos que desarrollaron SIDA, fueron excluidos de los planes oficiales de atención integral, o discriminados por tratarse de esa enfermedad, respecto de otras que concentran la satisfacción del derecho a la atención médica, oportuna y veraz, suponiendo que la atención médica oportuna y veraz sea óptima para alguna de las enfermedades más recurrentes de la población nacional como la diabetes, la hipertensión arterial y el cáncer en sus distintas variedades.
El Estado debe proveer, vía sus clínicas y hospitales, los medicamentos más indispensables, a través de los programas y mecanismos de suministro gratuito y/o mediante soluciones que permitan que se pongan a disposición a precios muy bajos, mediante el subsidio del costo para la gente más necesitada; pero el Estado no puede hacerlo todo directamente, ni siquiera brindar los servicios de salud primaria a toda la población, menos lo que se refiere a enfermedades y terapias de costos elevados. Por eso hay otra fuente que ha sido siempre imprescindible y esa es la de la filantropía.
Las fundaciones especializadas en enfermos en general y en especial las que cuidan y dan sustento a los tratamientos que requieren los portadores del VIH antes de que desarrollen SIDA se ven amenazadas al haberse establecido recientemente el impuesto sobre los donativos de la sociedad para esa urgente necesidad, que por su naturaleza sólo puede efectivizarse con pacientes muy pobres, los desprotegidos de cualquier esquema de seguridad médica.
La desatención de los enfermos en general y, peor, la de los que viven una situación que requiere mayores cuidados y gastos para su tratamiento los victimiza, hablamos de derechos humanos y cancelar vías complementarias como el altruismo de centros especializados es revictimizarlos.
POR FRANCISCO ACUÑA LLAMAS
ANALISTA Y CATEDRÁTICO DE LA UNAM
PAL