Hay un aspecto que no he precisado todavía en lo tocante a la controversia que gira alrededor de la Reforma Energética de la 4T, y que encierra sus claves históricas a grado tal que, en realidad, podríamos decir tal vez que la 4T es, en esencia, la reforma o contrarreforma energética de López Obrador.
Quienquiera que haya votado por él, y que a la primera de cambio se desencantó o decepcionó por estas medidas como, por ejemplo, Carlos Urzúa —que no pasa de una visión simplista de administrador con MBA, o de contador, o matemático puro obsesionado con el concepto de subsidio, pero nada más—, es que no supo nunca, ni sabe, de qué se trataba todo esto.
El aspecto en cuestión es el de lo que podríamos denominar como el poder estructural y sus fuentes como criterio fundamental para comprender lo que es el Estado y la soberanía, y por tanto la geopolítica, que podríamos conceptuar como la escala de interpretación de las relaciones internacionales en función de la lucha a muerte por el espacio y el poder que desborda e instrumentaliza al derecho.
El Estado mismo no es otra cosa, entonces, que una forma concreta de organización antropológica del poder que aparece históricamente cuando una sociedad humana adquiere una densidad política tal, que se hace necesario definir una frontera y defenderla con las armas, a fin de fundamentar y legitimar (insubordinación fundante) la apropiación del territorio dentro del cual se levanta una arquitectura de instituciones para ordenar sus relaciones sociales, y una infraestructura económico-productiva (de alimentos, de energía, financiera, de armamento) para dar sustento a esa sociedad, pero también para defenderla y para poder mantener su esquema de relaciones en el tiempo.
Pues bien: el poder estructural es la capacidad geopolítica de unidades económico-productivas, ya sean estados o corporaciones, para controlar las formas de organización de las instituciones sociales y políticas, así como también para controlar las estructuras productivas (de alimentos, de energía, financiera, de armamento) mediante las cuales las sociedades político-estatales pueden mantenerse de pie y en recurrencia generacional.
Las nacionalizaciones petrolera (1938), eléctrica (1960) y de la banca (1982) fueron decisiones de Estado inscritas en esa lógica de insubordinación fundante en México, que desde luego supusieron rupturas y reacomodos de gran envergadura e implicación dialéctica.
En todos los casos, se trató de saber quién controla las fuentes fundamentales de poder estructural en el sentido dicho. La reforma energética de 2013 de Peña Nieto fue el desmantelamiento de aquella arquitectura estatal.
La de López Obrador busca recuperar el potencial geopolítico del Estado mexicano. No es, por tanto, un problema de subsidios. Es el problema de la disputa histórica, y geopolítica, por la nación.
POR ISMAEL CARVALLO
ASESOR EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
@ISMAELCARVALLO
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