A lo largo de la historia el desarrollo se ha fundado básicamente en la energía que emana de los propios humanos, que en el esclavismo dieron su sudor y su sangre para la construcción de grandes Imperios en Egipto, China, Roma, Grecia, etc. La fuerza del vapor provocó la Revolución Industrial; la electricidad y el petróleo han sido la columna vertebral del crecimiento económico; el Uranio y el Litio juegan un papel fundamental en el desarrollo tecnológico contemporáneo. +
Esto explica que detrás de los grandes conflictos bélicos, se encuentra la lucha soterrada por el control y propiedad de los energéticos. Desde antes de ser Nación, México se ha visto asediado por los apetitos de los grandes capitales que han pretendido apoderarse de las riquezas de nuestro subsuelo y de nuestra energía.
El proceso tecnológico que han generado diversas fuentes energéticas ha propiciado un extraordinario cambio, a tal grado que actualmente no se puede concebir a la sociedad humana sin la utilización de las energías, donde la eléctrica juega un papel estelar.
Por eso, el debate que hoy afronta el Congreso Federal y la Nación entera tiene que ver con el modelo económico y social, al que aspiramos los mexicanos. Más allá de los adjetivos calificativos, de las opiniones técnicas de la transición energética, o de los aspectos ambientalistas, el tema central –y al que debemos abocarnos— es ¿Quién debe ser el propietario de la energía eléctrica, su generación, su conducción y su utilización en la industria, en el comercio o en los usuarios domésticos? La respuesta a esta interrogante será la que establezca el rumbo del futuro.
Si queremos conducirnos sobre la línea de un mercado y una competencia que otorgan libertades económicas, en donde el papel fundamental lo juegan las grandes empresas transnacionales; o, si retornamos al modelo Constitucional, donde el Estado controle la propiedad y la rectoría de la electricidad.
Para muchos mexicanos, el primer caso lo relacionan con la libertad, la democracia el libre mercado, la competencia individualista y la acumulación irrestricta de grandes capitales, donde los Tratados del Libre Comercio son el eje económico fundamental. Para otros, la energía eléctrica debe retomar el papel de la propiedad pública, donde la propiedad privada esté sujeta a las modalidades que dicte el interés general, en este caso, está la propuesta del Presidente López Obrador.
Los aspectos tecnológicos son irrelevantes, pues, en cualquiera de los dos modelos pueden utilizarse; la diferencia está que en el primer caso se trata de generar utilidades y, si no funcionan adecuadamente –en la oferta y la demanda— sus fuentes primarias, simplemente fracasan y se retiran, como ya sucedió haca algunos años en California y recientemente en Texas.
El Estado debe garantizar la continuidad del servicio para bien de la sociedad, por que esa es su teleología, su finalidad; pero para realizarse –en este momento— afrontará varios problemas jurídicos, pues desde 2013 se había fracturado el modelo original y se han otorgado concesiones y contratos, cuya reversión puede ser altamente onerosa.
Como quiera que sea, el destino nacional está en juego: o seguimos bajos el Imperio de una economía neoliberal; o intentamos reconstruir el Estado Social de Derecho, cuyo legado histórico se encuentra en la Constitución.
La palabra la tendrá el Congreso –por mayoría calificada— y el PRI está obligado a retomar sus orígenes, si quiere conservar la ideología que alguna vez lo llevó al poder durante largas décadas. La energía es poder.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ