Una pregunta importante para el gobierno mexicano sería ¿quiénes son sus abogados o sus asesores de política internacional?
Podría ser interesante escuchar de fuentes más o menos neutrales cuáles son los méritos, si los tienen, de las quejas de los grupos de inversionistas texanos sobre las propuestas de la administración de nuestro país para acentuar su control de la industria energética.
Lo que sí es posible es afirmar que, desde el punto de vista del gobierno mexicano –o al menos un sector de él–, el caso puede ser tan simple como plantea el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, pero también resultar en costos considerables.
Se trata simplemente, dijo Bartlett, de "recuperar la rectoría del sistema eléctrico por parte del Estado mexicano, unificar a la empresa en un solo organismo, eliminar abusos y establecer un verdadero mercado de competencia, donde los privados nacionales y extranjeros participarán con 46 por ciento de la generación".
De acuerdo con el funcionario, "no expropiamos nada. Van a ganar dinero, van a crecer con nosotros, pero con nuestras reglas, en un verdadero mercado. Es una oferta digna. Es un gran negocio con un gran futuro. ¿Por qué no van a aceptar?".
Tal vez porque no se ha explicado bien o la medida se tomó de manera unilateral o, incluso, porque su interpretación de las reglas del Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) hace pensar a los quejosos que pueden negociar mejores condiciones o mayores dividendos aun si perdieran su inversión.
Hay además, un ingrediente ideológico, antiestatista.
"México ha tomado varias acciones que discriminan contra productores estadounidenses de energía y benefician empresas propiedad del Estado" mexicano, explicó una carta firmada por dos docenas de legisladores federales estadounidenses. Subrayó igualmente el énfasis de la CFE en el uso de combustibles fósiles para la producción de electricidad.
Pero el problema real es otro.
El caso, como tal, puede ser una cuestión de abogados e interpretaciones legales. Pero es un nuevo golpe en lo que se refiere a la imagen de confianza en el respeto a leyes y acuerdos en México, que es un problema que ha afectado desde su comienzo al gobierno de López Obrador.
Y ciertamente hay muchos argumentos en favor de las posiciones nacionalistas. Sin embargo, eso no implica que los convenios o contratos internacionales pierdan significado.
Sería de creerse que la experiencia por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), al inicio de esta administración, hubiera dejado lecciones útiles, más allá de los presuntamente enormes costos del pago en reparaciones a inversionistas privados.
Pero parece que no es el caso y es posible que se tropiece de nuevo con la misma piedra: los costos financieros y "de fama pública", por incumplimiento de contratos internacionales.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
MAAZ