La discusión sobre la contrarreforma energética está totalmente contaminada. De forma quizá astuta, el oficialismo ha decidido ante la complejidad del tema y lo indefendible de la propuesta lanzar una campaña mediática desde la mañanera y sus legisladores con base en falsedades a verdades a medias.
La primera falsedad que ha usado este gobierno es decir que “las empresas pagan menos luz que un hogar mexicano”. Con una gráfica que muestra la tarifa pagada por kWh por dos de las principales empresas mexicanas comparada con un hogar mexicano plantean la pregunta de si al pueblo esto le parece justo.
Está grafica es falsa. La tarifa que muestran del hogar mexicano, $5.2 kWh, es la de Alto Consumo. Los usuarios que pagan esa tarifa son a agosto del 2021 193,807 de los más de 41 millones de usuarios domésticos, el 0.47% del total, que no recibe subsidio por tener un nivel de consumo muy superior al resto. De hecho, esta ausencia de subsidio es de lo más progresivo que tiene nuestro país.
Está bien que ese 0.47% no tenga subsidio porque el consumo está altamente relacionado con el ingreso. La realidad es que el 99.5% se encuentra en una tarifa promedio de $0.8 por kWh, significativamente menos que las empresas en régimen de auto abasto que el gobierno ha decidido atacar. Y es justamente sobre el régimen de autoabasto donde está la segunda falsedad. Se repite que es para poner fin a este mecanismo injusto que se debe revertir la reforma de 2013.
El argumento es que las empresas no pagan el costo de porteo adecuado, lo que se traduce en un subsidio para ellas. Pero es que justamente para poner fin al régimen de autoabasto, y a los productores independientes de energía, es que se hizo la reforma de 2013. Desde esa reforma no se han otorgado permisos de autoabasto. Lo que pasa es que a las empresas que ya los tenían no se les pueden revocar porque son derechos adquiridos (aunque el director de la CFE crea que puede cancelar contratos sin penalidades económicas gigantescas, no vivimos en una autarquía donde eso se puede hacer).
Pero el plan, quizá mal pensado, es que cuando vencen estos permisos esos generadores tendrán que participar en el mercado eléctrico. Quizá, en efecto, hay que revisar estas tarifas de porteo y acelerar la incorporación de estos generadores al mercado, pero eso no requiere una reforma constitucional.
Estas, entre muchas otras, son las falsedades que utiliza el oficialismo para promover una contrarreforma indefendible. Ante la cantidad de argumentos técnicos y económicos que se han publicado las últimas semanas, la respuesta parece ser simplemente repetir hasta el cansancio datos engañosos y esperar que sean estos los que permanezcan en el imaginario colectivo.
Lo más desafortunado es que en lugar de aprovechar esta oportunidad para en efecto, corregir algunos de los problemas de la reforma de 2013 – que cualquier política pública tiene – la discusión pública se tiene que centrar en desmentir con datos estos mensajes. Ojalá los legisladores del PRI sí sepan ver más allá de a mañanera.
POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA
COLABORADOR
@jorgeacast
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