$53, 440, 457, 350 para la filantropía es lo que se dejaría de aportar en nuestro país como resultado de las reformas al artículo 151 de la Ley de Ingresos. Si bien resulta difícil estimar con precisión, se piensa que la filantropía equivale a algo así como 5 por ciento del PIB a nivel mundial; en nuestro país se cree que es del orden de 3 por ciento.
La ONU reconoce el apoyo de esta actividad y el de diversas organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, para realizar sus actividades; de allí que no pocas veces forja alianzas con éstas para abordar obstáculos a nivel local.
La OCDE, en su informe anual 2019, considera que “las fundaciones filantrópicas han realizado importantes contribuciones al desarrollo. El desembolso total de las fundaciones en actividades relacionadas con el desarrollo es aproximadamente de tres billones de dólares anuales.
Las fundaciones están cada vez más implicadas en iniciativas público-privadas, cuyas actividades se desarrollan en diversas áreas... y un mejor intercambio de información con las agencias oficiales de ayuda al desarrollo, y un estímulo fiscal apropiado para su actividad, puede ayudar a maximizar la contribución al desarrollo de las fundaciones y su impacto en el futuro”.
La Organización solicita a los países una mejor fiscalización en cuanto al origen y uso de los recursos que se aportan.
El SAT considera que a través de la filantropía, en México se dio, en 2020, una evasión de 700 mil millones de pesos, por lo cual el restringir la cantidad que personas físicas y morales pueden donar hará que esta cifra se reduzca.
Por supuesto hay motivos para la reforma; se debe combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal, la generación de redes clientelares disfrazadas de asistencia social, pero ello no debiera significar arrasar con la actividad misma. En otras palabras, para matar una mosca se pretende usar un cañón.
Luego de año y medio de atravesar por una dura pandemia y una crisis económica, se debería dar una sinergia entre gobierno y organismos de la sociedad civil en actividades o funciones donde la administración pública está rebasada. El dar la espalda a esta realidad significa dejar en el desamparo a millones de personas.
Todos los gobiernos democráticos, así sean los países ricos, tienen empresarios y particulares que participan en la filantropía. Resulta un despropósito descomunal que el Estado, a través de su estructura gubernamental y administrativa, detente el monopolio de la asistencia social.
De hecho, en nuestro país la 4T no ha logrado cumplir con acciones de asistencia social que ha retomado: estancias infantiles, guarderías y búsqueda de desaparecidos, entre otras; problemas que se podrían enfrentar de manera conjunta y ante los cuales la ciudadanía debería tener más –no menos– incentivos para organizarse mejor y participar en el desarrollo de nuestro país.
Es el gobierno el que debe unir a los mexicanos, pero nuevamente se comprueba que el lopezobradorismo lo ha entendido al revés.
POR VERÓNICA MALO
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@MALOGUZMANVERO
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