En México, no es novedad que se conozcan decenas de miles de casos en escuelas públicas donde líderes de la comunidad gestionandiversos tipos de apoyo con gobiernos municipales, empresas, familias o la propia comunidad para hacer ajustes, arreglos o mantenimiento. En 2019 se creó el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) que prometía resolver las presiones financieras de la infraestructura y el mantenimiento de las escuelas, sin embargo, dicho programa ha tenido cambios importantes en 2020 y especialmente en 2021, pues este año pretenden abarcar tres objetivos: 1) infraestructura; 2) pago a docentes de tiempo completo y orquestas sinfónicas; 3) alimentación.
A pesar de que vale la pena monitorear y evaluar los procesos sin intermediarios, a lo largo de la operación de los primeros casi dos años del programa han existido cuando menos tres grandes problemáticas:no ha existido una adecuada transparencia y rendición de cuentas, normalmente se presentan cifras sin detalle y sin estructura en las conferencias, se tiene actualizado el dato de las escuelas beneficiadas únicamente hasta octubre del 2020, sin conocer cuáles son las escuelas que benefician en 2021, además de que se tienen distintos métodos de comprobación del gasto público, como listas de raya, recibos simples o cualquier tipo de comprobante.
La segunda tiene que ver con los riesgos de captura, pues es importante saber que la Secretaría del Bienestar participa en la ejecución y operación de los tres componentes mediante los denominados servidores de la nación. Sobre la infraestructura, la Secretaría del Bienestar seleccionará las escuelas beneficiarias, hará la validación de las claves para verificar si existen (o no) las escuelas y podrá determinar cómo y bajo qué situaciones se podrían sustituir planteles de la lista de escuelas beneficiadas. En el pago a docentes y orquestas existen procedimientos enredados, idas y vueltas, además de supuestos manuales y guías, que aún desconocemos, pero que detallarían la instrumentación del componente.Sobre alimentación harán labores de selección, validación y verificación de las bases de datos, además de una asignación unilateral de 10 pesos diarios por estudiante, sin importar carencias o diferencias entre las escuelas.
La tercera problemáticaestá relacionada con la ampliación de sus objetivos y eliminación de programas educativos del presupuesto 2021. El cambio en las reglas de operación efectuado el 26 de enero del 2021, trajo como consecuencia unadesafortunada compactaciónde programas. Ahora se pretende resolver tres problemas con distintas lógicas de operación mediante un solo programa presupuestal (U282) y una serie de reglas de operación que amplían los espacios discrecionales.
Hace unas semanas dimos a conocer que un Juez federal ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud dotar a todas las escuelas del país con los insumos y materiales necesarios para prevenir contagios por COVID-19. A pesar de que las autoridades presentaron su apelación, el Juez reiteró su decisión y confirmó que las autoridades deben hacerse responsables de la seguridad e higiene en este regreso a clases. Hoy en el presupuesto no se refleja como prioridad y siguen escuelas cerradas.
Se dice que el presupuesto ya tiene prioridades, pero ¿establecidas por quién y obedecidas por quiénes? La labor legislativa debealentar la participación, el debate y la discusión del presupuesto, pero sin ignorar la evidencia de las evaluaciones que invitan a hacer ajustes en reglas u operación y sin pasar de largo las consideraciones presupuestales que realiza cada año el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). No priorizar la población estudiantil, a pesar de la emergencia,es abandonar el timón en medio del océano.
POR CARLOS GONZÁLEZ SEEMANN
Investigador en Mexicanos Primero
@carlosglez21
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