Afirmar que la pandemia de COVID-19 ha tenido un enorme impacto en el mundo es obvio y asegurar que esa situación ha sido negativa para la gobernanza democrática en todos niveles y en la inmensa mayoría de los países parece cada vez más evidente.
De creer a un reciente reporte del World Justice Project, la situación se ha deteriorado a tal nivel que, de acuerdo con la Institución Brookings, uno de los más influyentes centros de análisis estadounidenses, ha sido literalmente un golpe físico para la democracia, derechos humanos e imperio de la ley a lo largo y ancho del planeta.
El documento está basado "en las experiencias y percepciones" del público en general y de lo que describe como "practicantes legales" en el país y de expertos mundiales. En total, 138 mil encuestas caseras y cuatro mil 200 entrevistas con abogados o analistas de la ley.
Y en ese marco, México no sale bien parado, aunque nunca ha quedado en buen sitio cuando se trata de medir temas como corrupción, respeto a la ley y las regulaciones, limitación de poderes gubernamentales, derechos fundamentales, orden y seguridad.
En el caso del reporte titulado Índice 2021 de Respeto a la Ley, está consistentemente en el lugar 113 de los 139 países incluidos en el estudio, con dos notables excepciones: ocupa el sitio 43 en términos de apertura del gobierno a compartir información y el 91 en lo que se refiere a respeto a derechos fundamentales.
A cambio, está en el lugar 135 en el listado de corrupción, 130 cuando se habla de orden y seguridad, en el 105 en cuanto a la imposición y ejecución de regulaciones, 131 en lo que se refiere a la resolución de problemas mediante el sistema judicial y el 129 cuando se habla de justicia criminal.
Eso implica, en todo caso, que pese a todas las explicaciones, la impresión es que las autoridades actúan a capricho, que la impunidad y la corrupción son todavía parte muy importante en la vida del país y que el respeto a regulaciones, leyes y derechos se encuentra más bien en un estado de debilidad que infortunadamente es endémico y no necesitó de la emergencia creada por el COVID-19.
Con todo, México no es la excepción en un mundo donde el deterioro del Estado de Derecho parece la regla.
Para Ted Piccone, especialista de la influyente Institución Brookings, de Washington, "los ejecutivos del gobierno utilizaron la pandemia para tomar más poder, a través de estados de emergencia que pudieron haber sido necesarios dada la gravedad de la crisis, pero no siguieron las reglas prescritas".
El funcionamiento básico de los poderes Legislativo y Judicial fue obstaculizado por la naturaleza de una crisis para la que el mundo no estaba preparado y que imposibilitó la libre reunión, no sólo para temas lúdicos, sino de cuerpos colegiados como legislativos y jurídicos.
El único consuelo es que en México el gobierno no aprovechó la pandemia para incrementar su poder por encima de la ley. Ya lo hacía, antes y ahora.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
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