Sin duda, la pacificación del país es el principal reto de la Cuarta Transformación. Tal como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo menciona, si no cumplimos con esta misión, no podremos acreditar el nuevo gobierno frente a la ciudadanía. Con ello en mente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se estipuló un cambio de paradigma en seguridad, cuyos puntos V y VI son, respectivamente, reformular el combate a las drogas y emprender la construcción de paz, bajo la premisa de que no puede existir, mientras no haya justicia social, con lo que se restituyó su dimensión estructural.
En 2006, luego de unas elecciones federales que despertaron la desconfianza de la ciudadanía, quien resultara vencedor, el nuevo titular del poder Ejecutivo federal y mando supremo de las Fuerzas Armadas, emprendió lo que denominó “guerra contra el narcotráfico”, con el afán de ganar credibilidad y legitimidad entre la población. En su afán de sacudirse el estigma por ocupar la silla presidencial de forma espuria, puso en riesgo la vida, la integridad, la seguridad y el patrimonio de la sociedad mexicana.
De acuerdo con el estudio La guerra contra las drogas en los hechos: base de datos de eventos registrados, elaborado por el CIDE y Centro Geo, los eventos violentos relacionados con la mencionada estrategia escalaron de forma escandalosa. En 2006 se registraron 42; en 2007 se elevaron a dos mil 171; en 2008 llegaron a cinco mil 50; para 2009 superaron los siete mil 300; y en 2010 y 2011, alcanzaron las lamentables cifras de 10 mil 879 y 10 mil 920, respectivamente.
Además, de 2008 a 2011, los enfrentamientos entre los grupos criminales y la fuerza pública incrementaron más de 900 por ciento. Asimismo, el estudio titulado Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia. Evidencia del caso mexicano señala un incremento estadístico inusitado en el número de homicidios a partir de 2007, luego de una lenta disminución de 15 años, que había comenzado en 1992.
En cuanto a la pobreza, sólo de 2010 a 2012, la población en esta condición pasó de 52.8 millones a 53.3 millones; al final de este periodo, la administración que había convertido al país en un campo de guerra y en un cementerio, asestó un último golpe a la población mexicana al promover una reforma laboral que precarizó el trabajo, al legalizar prácticas irregulares que las empresas implementaban al margen de la ley, como el esquema de subcontratación de personal, también conocido como outsourcing, el cual fue recientemente prohibido por el Congreso de la Unión, de mayoría morenista.
Como titular del poder ejecutivo local de Zacatecas, asumir la responsabilidad de revertir esta tendencia de violencia representa el más grande reto que día a día trabajamos por conseguir; sin embargo, los costos políticos de aquella estrategia recaen sobre el viejo régimen. Lanzar la piedra y luego esconder la mano es un acto que la ciudadanía ya no tolera. Conocer la génesis del fenómeno que enfrentamos es crucial para establecer una estrategia diametralmente opuesta, fundada en el respeto de los derechos humanos y el combate a la corrupción, y el fin de la colusión entre miembros del crimen y del gobierno; así como en la creación de oportunidades educativas y laborales para la reconstrucción del resquebrajado tejido social.
POR DAVID MONREAL
GOBERNADOR DE ZACATECAS
@DAVIDMONREALA
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