Hace unos días se divulgaron los resultados del informe 2021[1] que desde 1995 lleva a cabo la Organización Latinobarómetro, para conocer la percepción ciudadana sobre el desarrollo de la democracia y sus sociedades a partir de indicadores de opinión, actitudes y valores. Estos datos son esenciales para actores sociales y políticos, organizaciones internacionales, gobiernos y medios de comunicación para replantear políticas públicas, entre otros fines. En respuesta al cuestionamiento: “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, México mejoró ligeramente su apoyo en 5 puntos porcentuales al pasar del 38% en 2018 al 43% en 2020, sin embargo, aún se sitúa 6 puntos por debajo del promedio de América Latina (49%), además de ser un porcentaje muy inferior al logrado en 2002 (63%), máximo nivel histórico alcanzado en el país después de la alternancia política. En la región esta percepción cayó 16 puntos en 7 años, dado que en 2013 el apoyo a la democracia tenía un respaldo del 79%, pero para 2020 cayó al 63%, lo que representa su nivel más bajo en 25 años.
También se advierte que, en promedio, 13% de la población en América Latina favorece los autoritarismos al responder que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”, eso quizás es un reflejo del descontento de la ciudadanía entre contextos de pobreza y desigualdad, tal como se indica en el informe, los populismos, así como las autocracias o autoritarismos podrían reemplazar a las democracias con relativa facilidad dado que “es más fácil vender ilusiones que una mala política”. Sin embargo, a pesar de estas tentaciones antidemocráticas, es posible notar un cambio. En 2004 un promedio del 56% afirmó que apoyaría la instauración de gobiernos militares “en caso de que las cosas se pongan muy difíciles” mientras que para 2020, 62% contestó que no avalaría bajo ninguna circunstancia un gobierno de esta naturaleza.
A lo largo del estudio, es posible apreciar que existe un hartazgo o desencanto con acciones asociadas a regímenes democráticos: la alternancia política y la división de poderes, la solidez y autonomía de sus instituciones, la pluralidad de partidos, las medidas de igualdad e inclusión implementadas, así como el respeto a los derechos humanos, entre otros. Hay un malestar generalizado respecto de la gestión de los gobernantes y de los abusos de poder que se han cometido en detrimento de la población; la corrupción, así como las fallas para generar una mayor prosperidad o desarrollo económico han sido factores que han incidido en este indicador.
Aunado a ello, América Latina mantiene niveles alarmantes de discriminación, rezago social y violencia. En 2020, 21% de su población se sintió vulnerable o perteneciente a un grupo discriminado, por ejemplo: personas en situación de pobreza (23%), indígenas (9%), afrodescendientes (7%), homosexuales (6%) e inmigrantes (4%), lo cual confirma una vez más que a pesar de las garantías que se han alcanzado hasta ahora, en los entornos democráticos aun hay tareas pendientes que resolver para revertir este tipo de percepciones, pues a pesar de que en América Latina y el Caribe sólo se concentra el 9% de la población mundial, es la región más violenta del mundo al considerar las cifras de homicidios denunciados[2], aunado a ello, se han registrado niveles insólitos de feminicidios, entre otros tipos de violencia contra las mujeres, secuestros, robos, abusos policiales, trata de personas, además de la vulneración a los derechos humanos de sus habitantes; y resulta más alarmante aun el señalamiento de que: “México es y sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina en la región más desigual del mundo” donde el 1% y el 10% más rico concentran el 29% y el 59% del ingreso total, respectivamente y 77% de la población mexicana considera que la distribución del ingreso es injusta[3]. Existe un cansancio social por vivir con tales adversidades que ha incidido en que las personas se planteen la posibilidad de que haya un cambio de régimen donde sus necesidades y problemáticas sean efectivamente atendidas –o al menos tengan la percepción de que así sucede–.
A este complejo panorama, debe sumarse que los partidos políticos, entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, fueron las instituciones políticas peor evaluadas y con menor confianza ciudadana, apenas registraron 13% en promedio, cifra que coincide con el dato reportado por México. Según alude el informe, esto se explica por la creciente división del sistema de partidos, por el auge de movimientos o segmentaciones interpartidistas. Sin embargo, esta percepción tan negativa también podría relacionarse con la operación hacia el interior, debido a que estos mantienen estructuras muy rígidas de poder que no permiten mejorar los mecanismos para llegar a una representación efectiva de la ciudadanía, en donde pueda asegurarse, por ejemplo, una conformación paritaria o dirigida a ser más incluyente.
El Latinobarómetro 2021 también muestra cifras reveladoras sobre la igualdad entre mujeres y hombres: para 2020 cayó a su máximo histórico (42%), en 2011 era del 58% en la región; sin embargo, hay países donde se percibe una mayor igualdad de género: Uruguay (55%) y Costa Rica (48%), en México apenas llega al 43%. Este es un indicador clave para evaluar “el buen funcionamiento” de la democracia, pues a pesar de que hay una mayor presencia de mujeres esto aún no se refleja en la toma de decisiones: “el poder formal e institucional en México se ha hecho cada vez más paritario, pero una cosa que hemos aprendido es que tener un cargo o detentar un escaño no significa necesariamente tener el poder para hacer las transformaciones que las democracias necesitan”[4]. La inclusión paritaria y, sobre todo, el ejercicio del poder en igualdad de condiciones puede generar un valor agregado, da pie a la innovación y cambia la forma de tomar decisiones.
Así, podría concluirse que el descontento social proviene de la gestión del Estado y es en ese aspecto en el que deben concentrarse mayores esfuerzos; en mejorar su desempeño y eficacia, así como en erradicar las malas prácticas de sus gobernantes. Los datos que arrojan este tipo de informes son muestra clara de la necesidad apremiante de atender las demandas de la sociedad, pues entre más descontento o inconformidad exista respecto de las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, mayor será el desinterés de la ciudadanía en la vida pública y política de México, lo que finalmente termina por poner en riesgo el sistema democrático que hemos construido a lo largo de tantos años.
[1] El estudio se aplicó de forma presencial en 17 países entre el 26 de octubre y el 15 de diciembre de 2020, salvo Argentina que se aplicó en línea entre el 26 de Abril y el 16 de Mayo de 2021.En total se aplicaron 20,204 entrevistas en 18 países de la región. 19,004 entrevistas fueron cara a cara y 1,200 en línea (Argentina). El margen de error de las muestras nacionales asciende al 3% y el margen de error de la base total es de 1%.
[2]Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y El Caribe, PNUD, junio de 2021 https://bit.ly/2X6ig2i
[3]Aguilar, Rubén “La desigualdad crece en México” en Animal Político, 9 de julio, 2021 https://bit.ly/30nTzzJ
[4]“Sin Mujeres no hay Democracia: Flavia Freidenberg” en El Informador, 28 de septiembre de 2021 https://bit.ly/3ABVDRb
POR DANIA RAVEL
CONSEJERA ELECTORAL
@DANIARAVEL
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