En su discurso de toma de protesta como Presidente, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción la gran bandera de su gobierno. “A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”, dijo mientras prometía convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno.
Casi tres años después de aquellas palabras vale la pena preguntarse qué tanto se ha avanzado en aquella dirección, sin duda deseada por la inmensa mayoría de los mexicanos.
La semana pasada se dio a conocer el informe del “World Justice Project”, que mide la situación del Estado de Derecho en el mundo. Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 no son nada alentadores: nuestro país ocupa el lugar 113 de 139, pero específicamente en el rubro de ausencia de corrupción, en dos años pasamos del lugar 117 al 135. Somos, según este índice, uno de los cinco países más corruptos del mundo, sólo superados por Uganda, Camerún, Camboya y Congo. En la región de América Latina y el Caribe, México ocupó el último lugar.
No solamente no se ha cumplido la promesa obradorista de erradicar la corrupción de la vida pública en México, sino que todo apunta a que ahora estamos peor. ¿Qué ha fallado?
Por un lado, pareciera que desde Palacio Nacional ha habido tolerancia cuando personajes cercanos al Presidente se han visto envueltos en escándalos de corrupción: los contratos con Pemex de su prima Felipa, los sobres de dinero recibidos por sus hermanos Pío y Martín para financiar ilegalmente a Morena, o las propiedades no declaradas de Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval.
Por otro lado, parece evidente que la Fiscalía General de la República ha actuado más por motivaciones políticas que justicieras, y el caso de Emilio Lozoya es una prueba fehaciente de ello. Además, hay decisiones del gobierno que no ayudan: ocho de cada 10 contratos públicos se entregan por adjudicación directa, los programas sociales carecen de reglas claras de operación, y megaproyectos como Dos Bocas, el Tren Maya o Santa Lucía lucen opacos. Pero hay también un problema institucional: se ha buscado debilitar a órganos que funcionan como contrapesos al Ejecutivo, como el Inai o los reguladores en materia energética.
La corrupción en México no se va a resolver con decisiones voluntaristas ni mucho menos ideológicas, sino con la creación de un auténtico entramado institucional que incentive su prevención, investigación y sanción, justamente lo que se pretendió con el Sistema Nacional Anticorrupción que este gobierno ha desdeñado. Así, parece claro que no vamos en el camino correcto.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
CAR