Hay una verdad inmutable universal: la energía es el origen y cimiento de nuestra civilización; en el caso particular de la electricidad, como elemento indispensable para nuestras actividades cotidianas y el funcionamiento de las sociedades contemporáneas, tiene un carácter estratégico y de seguridad nacional, que la convierte en un derecho humano que debe tutelar y garantizar el Estado, planificando y regulando un sector que hace que la humanidad continúe su marcha.
Bajo esta óptica, y con responsabilidad histórica ante un entorno energético incierto global, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la iniciativa de carácter constitucional presentada al Congreso de la Unión, establece la necesidad de que el Estado preserve la seguridad y autosuficiencia energética, y garantice el abastecimiento a la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna.
El espíritu de la iniciativa tiene como eje la recuperación de las capacidades reguladoras del Estado mexicano en los sectores estratégicos, lo cual implica una triple misión y responsabilidad, al establecer el anclaje jurídico para lograr y garantizar la seguridad, de manera simultánea dar certidumbre a la libre competencia en el mercado eléctrico nacional y conducir la transición energética.
En la exposición de motivos, plantea que, la Reforma Energética de 2013 dio al traste con la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, al autorizar permisos por 104 mil 372 megavatios (MW), cifra que duplica la demanda estimada para 2024 de 52 mil 419 MW; provocando sobreoferta en una regiones y escasez en otras, desestabilizando la continuidad y confiabilidad de la red eléctrica.
En este entorno caótico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue fragmentada en 9 subsidiarias y se le puso a competir en condiciones inequitativas y asimétricas, dando subsidios y respaldos a sus propios competidores privados, quienes bajo diferentes figuras y financiamiento de la misma banca de desarrollo del país, se apropiaron ilegalmente de 62 por ciento del mercado nacional.
Mientras que, a la CFE, con sus 191 centrales, de las cuales 69 aportan 55 por ciento de energías limpias del país, se le obligó a operar a 55% de su capacidad; a pesar de tener 43 mil 523 megavatios, despacha únicamente 38 por ciento.
Para terminar con este mecanismo que reduciría el despacho de la CFE a 29 por ciento en 2024, la iniciativa presidencial establece costos de producción, bajo el siguiente orden: hidroeléctrica, nuclear, geotermia, gas-CFE, térmica CFE, eólica, solar, gas privado y carbón; de tal manera que la CFE genere 54% de la demanda nacional, y los privado 46% , que equivale al mercado eléctrico de Argentina, Chile y Venezuela, y representa la mitad del sistema de España.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
@MANUEL_RDGN
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