Cuando el gobierno presentó su propuesta de reforma constitucional energética, las reacciones no se hicieron esperar. PAN, PRD y MC se declararon opuestos totalmente a la propuesta, Morena a favor, Verde y PT vagamente a favor y el PRI optó por esperar “las consultas necesarias”.
La idea era, en un inicio, que la votación final sería simple: a favor o en contra.
Con el tiempo, y con las reacciones contrarias que abundan, las cosas han cambiado. Parece que sí habrá negociaciones con la oposición para determinar sí existen condiciones para aprobar algo en común. Esto confirma que el gobierno sabe que no tiene los votos para aprobar su proyecto, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y revela, por tanto, el éxito de la oposición que ha logrado sentar al gobierno en una mesa de negociaciones.
Sin embargo, las expresiones de disposición a la negociación en el Congreso ha despertado a los sectores más radicalizados de Morena, que han reaccionado rechazando cualquier negociación con la oposición. El director de la CFE fue categórico: habrá expropiaciones de empresas privadas sin pago, porque “así se va a aprobar la ley”. Nada de negociaciones, nada de tomar en cuenta las opiniones del “parlamento abierto”.
La negociación de una iniciativa de reforma constitucional implica acordar cambios que sean de la satisfacción de las partes. Parlamento quiere decir “parlar”; es decir, hablar para acordar. Pero, para una cuestión de importancia estratégica para el país, el parlamento no significa un conversatorio exclusivo entre legisladores, sino entre ellos junto con expertos en la materia, estudiosos, académicos, inversionistas, empresas privadas y públicas del ramo y la sociedad civil en general. La idea de hacer un parlamento abierto que sirva para generar la mejor propuesta del país que reporte un sector eléctrico a la altura de las más avanzadas tecnologías del mundo.
El primer paso deberá ser, por tanto, la convocatoria a un parlamento abierto para todas aquellas personas que tengan algo que aportar a la construcción de una nueva propuesta.
A partir de esa experiencia parlamentaria, recabando los resultados y los puntos de consenso y disenso del parlamento abierto, habrá condiciones para definir los puntos que resultan aceptables para todos y los que son intransitables para unos u otros.
A ese lugar pretende llegar el Congreso en algún momento de noviembre. A partir de ahí, lo importante serán las líneas rojas de cada bando en la negociación. Es decir, los puntos que cada lado define como indispensables para que el proyecto pueda recibir su apoyo y, por tanto, su voto aprobatorio. O su rechazo al mismo.
En un esfuerzo por contribuir al debate y la discusión, es posible trazar algunas de las líneas rojas que podrían considerarse como las ideas que serán indispensables para una reforma energética útil a México desde el punto de vista de la sociedad civil. Deberá contener, dicho sucintamente, una oferta de electricidad segura, barata y no-contaminante.
1. Cualquier reforma deberá respetar los acuerdos internacionales suscritos por México, especialmente los acuerdos comerciales como T-MEC (México, Estados Unidos y Canadá), el Acuerdo del Pacifico (México, Colombia, Perú, Chile y Costa Rica), el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. También deberá respetar e, incluso, abonar al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el cambio climático, especialmente los Acuerdos de París y los avances que se lograrán en la próxima reunión COP 26 sobre cambio climático a efectuarse en Escocia, en noviembre de 2021.
2. A fin de asegurar la confiabilidad y transparencia del sector, deberá respetarse la inversión privada en sus términos y modalidades para que exista certeza jurídica para la inversión nacional y extranjera. Cualquier modalidad que implique, de manera directa o indirectamente, expropiaciones deberán rechazarse, máxime expropiaciones sin indemnizaciones.
3. Será necesario asegurar que la competencia en el sector sea con criterios de equidad y plenitud para los actores, entre los sectores estatal y privado. Cualquier noción de “rectoría del Estado” deberá sujetarse a estos limitantes, reconociendo la preeminencia de la economía de mercado.
4. El criterio para establecer el orden de prelación en el uso y venta de electricidad deberá fijarse en función de dos criterios fundamentales: a) precio y b) impacto sobre el medio ambiente. Obviamente, el precio más bajo y el efecto de menor impacto negativo en el medio ambiente y el efecto invernadero o de impacto en la capa de ozono. Debe mantenerse los Certificados de Energías Limpias.
5. La justicia social de estos instrumentos se definirá por su beneficio económico, medioambiental y de seguridad en la oferta del servicio de la electricidad para toda la población.
6. Rechazar toda propuesta que tienda al establecimiento de un monopolio estatal del sector, entendiendo por esto la intención de eliminar la competencia en el sector eléctrico. Se entiende por competencia la sana oferta de productos entre privados y públicos en igualdad de circunstancias. Una cosa es la “rectoría del Estado” y otra, muy distinta, es la monopolización del sector. La rectoría del Estado precisa definiciones exactas. La no-retroactividad de las leyes es un principio rector del Estado de derecho mexicano.
7. Será crucial mantener los órganos autónomos reguladores de la industria eléctrica y del sector energético en general, como CENACE, CNH y CRE, para mantener vigilancia sobre la transparencia y competitividad en el sector, así como la definición de criterios que rigen la autorización y el proceder de los actores de la industria y para discernir los procedimientos y buenas prácticas de los inversores públicos y privados.
Estos siete puntos podrán servir como guía no solo para seguir el debate en el Congreso con relación a la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, sino también serán indicadores útiles en el transcurso del debate para saber quiénes sí defienden los puntos de vista de una sociedad libre y democrática, y quiénes no.
Para muchos estos puntos representan la línea roja que las legisladoras y legisladores libres no deben ignorar ni sobrepasar.
Pero aún está por definirse si habrá disposición del morenismo para negociar el contenido de la reforma constitucional, o si regresará a su condición inicial: votar, sin más, a favor o en contra de la propuesta presidencial.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
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