La Caja de Pandora se ha abierto en semanas recientes y con ella una serie de secretos fiscales que han revelado múltiples desvíos millonarios de muchas personalidades con el objetivo de no pagar impuestos en sus países de origen. Como era de esperarse, México no podía ser la excepción.
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre los nombres más visibles de los millonarios mexicanos se encuentran el senador Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la CFE, Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala, entre otros.
En este listado y con base en las investigaciones de la cartera de clientes de la firma Stanford, también se encuentra Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila, con dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust. Su hermana, su esposa y sus tres hijos se enlistan como beneficiarios de ambas estructuras fiduciarias.
Martínez y Martínez ha respondido que buscaba tener “una inversión segura en dólares” y un “rendimiento competitivo”. El exfuncionario público aseguró que no incluyó estos bienes en sus últimas declaraciones patrimoniales porque el fraude de Stanford representó un “fuerte quebranto” para su patrimonio familiar y porque el banco ya se había declarado en quiebra, por lo que nunca pudo recuperar ese dinero. “Si hubiera alguna falta no ha sido intencional, ni con propósito de omitir el cumplimiento a una obligación”.
Guadiana también aparece, junto a su familia, como cliente de Stanford. El político, conocido por sus negocios en el sector carbonífero, abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como propiedad 50 mil acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited. Según se ha dado a conocer, la estructura fue creada a través del agente Alcogal con un depósito inicial de 250 mil dólares, donde el senador aparece como el único beneficiario hasta su muerte, momento en el cual sus cuatro hijos pasarían a ser beneficiarios.
Otro caso emblemático es el de Julia Elena Abdala Lemus, pareja sentimental desde hace 20 años del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, quien aparece ligada a Roybell International Inc, una compañía creada en Panamá en diciembre de 2011 con un capital inicial de 10 mil dólares. La empresaria, que se vio envuelta en una polémica en 2019 después de que una investigación periodística revelara las millonarias propiedades que posee, tomó el control total de la sociedad panameña en diciembre de 2017. En esa fecha se canceló el certificado previo de acciones del primer propietario y se emitió uno nuevo a su favor. Además, los directivos de la offshore le otorgaron un poder para abrir y operar una cuenta en el Bank Lyford International Band en Las Bahamas. Hasta ahora, Abdala Lemus no ha contestado a múltiples solicitudes para emitir declaraciones en torno a estos hechos.
Invertir y crear empresas en paraísos fiscales no es un delito, lo que sí lo es, es generar ingresos extras a través de operaciones simuladas con prestadores de servicios o beneficiarios falsos. Estas operaciones son delitos graves, por que lo que se pretende es evadir o engañar a la autoridad fiscalizadora y no pagar impuestos o reducirlos sustancialmente.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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