La llegada de Ken Salazar a México y sus primeros pasos como embajador parecen contener una oferta importante para el gobierno mexicano.
Es, en cierta forma, una mano extendida y un plato de miel contenidos en lo que supone el nuevo lema de la embajada estadounidense: dos naciones, un destino.
La idea pretende mantener y mejorar el acercamiento propiciado por las relaciones comerciales y la integración social, a cambio de integrar las preocupaciones reveladas por el triunfo de la 4T, como el desarrollo económico del sureste –que bien podría funcionar como tapón para la migración económica desde Centroamérica–.
Y si eso implica no reaccionar a lo que el gobierno mexicano considera como expresiones de soberanía nacional, como sus contactos con los regímenes de Cuba y Venezuela, baste recordar que el primero no es nuevo, y el segundo es mínimo, pese a los aparentes deseos de adopción y patronazgo económico de algunos funcionarios y portavoces de Morena.
México ha actuado, más de una vez, como vínculo informal entre Washington y La Habana, amén de que Biden fue parte del gobierno que, en 2015, restableció relaciones diplomáticas con Cuba. Hay que recordar que el actual alejamiento es más para satisfacer a los votantes cubano-estadounidenses, que para adelantar la política exterior de EEUU.
Venezuela es otro caso simbólico y no hay duda de que el gobierno estadounidense desearía ver a México alejado de Caracas. Pero la gestión de Biden tampoco va a preocuparse mucho. Es, en cierta forma, la reasunción de entendimientos que se han trabajado a lo largo de años y que sólo fueron sacudidos por la llegada de gobiernos de activistas en los dos países. Según Salazar se trata del restablecimiento de un diálogo interrumpido.
Lo cierto es que algunas de las visiones de los dos gobiernos están más cercanas de lo que parece, incluso en temas en los que hay señales de desacuerdo.
Salazar ha hecho hincapié en la importancia de la cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, que el gobierno mexicano ve como una cuestión de desarrollo económico. El problema real es el énfasis político y la forma en que los aparatos policiales y de seguridad puedan cooperar entre sí. Y eso puede negociarse, porque nadie duda que la colaboración continuará con cualquier otro nombre.
Pero como dice el refrán, el diablo está en los detalles.
Es claro que la actitud del gobierno Biden no es gratuita sino por conveniencia política propia. Es legítimo. Pero también lo es que el gobierno López Obrador busque ventajas para sí y aproveche los recursos a su alcance para nivelar, en lo posible, la balanza de una relación desigual por naturaleza.
Pero es necesario recordar que la política es el arte de negociar, de convencer y de aparentar. Y que Salazar, como Biden, son tan políticos como Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard, sólo que en escenarios más grandes.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
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