Como una verdadera puntilla a las empresas formales distribuidoras de autos del país cayó el anuncio de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador de regularizar con un próximo decreto, el sábado 16 de octubre, todos los autos irregularmente importados al país desde Estados Unidos, según él mismo anunció en su conferencia matutina.
El mandatario eligió el camino equivocado: apapachar la informalidad. De hecho, la está fomentando, porque ya había anunciado que haría este decreto desde el 27 de junio pasado. Aquel anuncio fue hecho en Tijuana, y desde entonces se observó cómo la circulación de vehículos de contrabando en esa ciudad y en Mexicali se duplicó. De hecho, el gobierno de Baja California ha estimado que hay 800 mil vehículos ilegales rodando por sus calles y carreteras.
Con este tipo de acciones el Jefe del Ejecutivo asesta golpes certeros contra las empresas formales y enaltece la cultura del tianguis, de la informalidad y de la economía subterránea. Dos datos comprueban esto: en el país existen dos mil 700 empresas distribuidoras de vehículos nuevos, y gran parte de ellas cuenta con área de ventas para autos usados. Estas empresas pagan impuestos, cumplen con la regulación federal y generan más de 130 mil empleos directos.
Es una mentira lo que afirma el Presidente cuando justifica que muchas personas que compran autos usados en Estados Unidos lo hacen porque no les alcanza para comprar un auto nuevo en una agencia en México. Esa falacia niega que en nuestro país existe un mercado vigoroso de autos de segunda mano, y que buena parte de ese mercado concurre en agencias que otorgan garantía y servicio a los clientes. Quien desee, puede comprar un auto usado en México sin problema alguno y a precios competitivos. Justificar que eso solo puede hacerse en Estados Unidos es apapachar a mafias que importan vehículos de desecho.
¿Cuántos vehículos ilegales hay en México? Nadie sabe, pero las estimaciones más certeras afirman que pueden ser alrededor de un millón 500 mil. ¡Uf!
CONSTELLATION BRANDS
Fuentes enteradas del tema me informan que el Gobierno de México ya devolvió los Dlls. $ 665.9 millones que la firma cervecera Constellation Brands perdió por la cancelación de su proyecto para establecer una planta en Mexicali, BC. La devolución la habría operado Rogelio Ramírez de la O. Aunque la autoridad no ha confirmado la devolución de ese dinero, la empresa publicó hace unos días un párrafo, en su informe financiero, en el que reitera el cargo monetario en el que tuvo que incurrir, por esa cuantía, y al mismo tiempo señala que “estamos trabajando con el gobierno de México para explorar alternativas para expandir nuestra capacidad en sitios donde hay agua a plenitud y una fuerza laboral calificada para nuestras necesidades de largo plazo”. O sea, que sí.
POR CARLOS MOTA
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