Hace un par de días que tengo ganas de ir al Hunan.
Mucho hace que no como ahí. Porque hace 17 meses que frecuento poco los restaurantes, a la luz de un contexto epidemiológico todavía riesgoso. Porque hace los mismos meses que mi ingreso no es lo que era, y el Hunan es razonablemente caro. Y porque, aunque guardo gran recuerdo de su cocina y su servicio, cierto es que ha sido víctima de las modas, por lo que hace tiempo que nadie me cita ahí, que no lo tengo en el radar. Creo, sin embargo, que haré pronto el esfuerzo económico de invitar a alguien al Hunan. Será un acto de solidaridad, acaso un statement político.
Las fotografías de Emilio Lozoya–vinculado a proceso por cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita– comiendo hace días en el Hunan resultan, sin duda, indignantes. Es importante, sin embargo, comprender qué de ellas resulta relevante.
Interesa la fecha–es decir confirmar que el hecho sucedió, en efecto, después de su vinculación a proceso– pero no quién disparó el obturador. Y algún interés tiene que el restaurante haya sido uno de razonable lujo –con un ticket promedio de mil pesos, cualquier persona de clase media puede comer alguna vez en Hunan sin desestabilizar su economía– pero es menor: lo indignante no es que Lozoya se pague una comida de mil o tres mil pesos –o de cien: verlo fotografiado en un Vips indignaría casi igual– sino que pueda pasearse por la ciudad en libertad, acogido al llamado criterio de oportunidad y beneficiado por un juez laxo que no le impuso siquiera arraigo domiciliario, mientras otra funcionaria de la misma administración –pero enemiga política del presidente– no goza de las mismas condiciones ante imputaciones similares y, sobre todo, mientras los jefes de Lozoya viven en un exilio acaso dorado, sin ser siquiera llamados a declarar.
La responsabilidad del restaurante es nula, ya sólo por tratarse de un espacio mercantil con acceso abierto a quien pueda pagar un café en él. El Hunan tiene, pues, la obligación de recibir a todo ciudadano libre. Y Lozoya todavía lo es.
El problema es que lo sea: que una Fiscalía autónoma sólo en los dichos haya aplicado criterios políticos en su proceso, que le permita seguir éste en libertad, y que no haya hecho de la presunta oportunidad de su criterio herramienta para llegar al fondo de un caso de corrupción injuriante. Quienes condenan hoy el Hunan se equivocan. Necesitamos no establecimientos mercantiles que se erijan en fiscales o en jueces, sino fiscales y jueces que hagan su trabajo con autonomía. Necesitamos un sistema de impartición de justicia independiente y oportuno, no quien pague el pato por un gobierno que no concibe ésta como una sociedad de ciudadanos.
POR NICOLÁS ALVARADO
COLABORADOR
@NICOLASALVARADOLECTOR
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