Cayó en mis manos un artículo del Banco Mundial en el que se concluye que los planes de infraestructura en el país, desde la época de Carlos Salinas de Gortari hasta la de Enrique Peña Nieto, la inversión en obras se hizo conforme a preferencias electorales, para beneficio de quien votó por el partido en el poder y como castigo para quien no lo dio.
Difícil de entender como en México hacemos las cosas al revés, pues en los países desarrollados se conciben planes de largo plazo para lograr la competitividad y mejor calidad de vida de su población.
El artículo del Banco Mundial de alguna manera nos da a entender que este gobierno no será la excepción; hoy somos testigos de que el Plan Nacional de Infraestructura nace por “ideas”, no por consensos con los gobiernos estatales o municipales, en los que está representada la población que demanda soluciones a las grandes carencias de salud, movilidad, drenaje, agua potable, pavimentos, entre muchos otros.
Asimismo, el Banco Mundial señala que —según datos que arroja su metodología— se midieron 10 mil ejecuciones legislativas directas entre 1993 y 2012, en más de dos mil municipios y se compararon aquéllos en los que el partido presidencial apenas ganó las elecciones legislativas con aquéllos donde las perdió.
Señalan que se encontró un patrón en el rubro de construcción de nuevas carreteras federales en los municipios donde el partido del Presidente obtuvo mayoría en las elecciones: la longitud de las carreteras federales construida era más del doble que en los lugares donde ganó la oposición; en el siguiente periodo de cuatro a cinco años se señala que, con la llegada del PAN en 2000, se recurrió a las mismas prácticas con el gasto en carreteras federales.
Así, los proyectos del sector se vuelven una herramienta para privilegiar lo “electorero”, a expensas de la competitividad. De igual modo, se señala que de 2012 a 2017 el Banco Mundial prestó 42 mil millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo.
Encontró evidencias sólidas de la asignación de autopistas financiadas con fondos federales en los distritos electorales que eligen a los legisladores del partido del Presidente en funciones; es decir, que en México las inversiones se efectuaron con base en las preferencias políticas.
Como muestra, destaca que en la administración de Enrique Peña Nieto (2012 -2018), de 928 mil 881 millones 40 mil pesos que la SCT destinó de 2013-2017, la infraestructura de México se realizó con fines electorales.
Al comparar la construcción de obra pública en las entidades federativas, el Estado de México se benefició con 45.8 por ciento; es decir 246 mil 227 millones pesos. Es 78 veces lo que recibió Aguascalientes, que fue el estado menos favorecido, con tres mil 150 millones de pesos asignados.
Creo que tenemos claro porque México no avanza y que cada seis años se construye con base en la voluntad de los políticos y no de lo que requiere la realidad del país. Como consecuencia, lo más grave sigue siendo el deterioro de la infraestructura existente; en los temas como suministro de agua, seguridad y capacidad de las presas; es triste recordar lo que sucedió hace poco en Tula, Querétaro y el Estado de México, que se inundaron por falta de infraestructura. De igual forma, hace unos días vimos que un puente vehicular colapsó y provocó la muerte de una persona en la carretera de cuota Cerritos Tula en San Luis Potosí.
En mi artículo anterior abordé el deterioro de la autopista Arco Norte y, de igual forma, la semana pasada recorrí la autopista Siglo XXI, construida por un consorcio español; inició operación en septiembre de 2019.
Es increíble el estado de deterioro entre el tramo que conecta la autopista del Sol (México-Acapulco) y la caseta (entronque Jojutla). Me preguntaba si España permitiría que una empresa constructora mexicana con una carretera concesionada dejara ésta en abandono semejante al de la Siglo XXI. Es lamentable que nuestras autoridades no exijan el cumplimiento del Título de Concesión.
Tampoco podemos perder de vista el deterioro por falta de inversión en sistemas de transporte, metro, tren y sistema eléctrico, entre otros. Encuentro sumamente injusto ser objeto de este tipo de diagnósticos y tener acontecimientos como los descritos, debidos al uso perverso del presupuesto de infraestructura para fines electorales.
Al final del sexenio del presidente López Obrador tendremos datos que nos podrán confrontar con la realidad, en el sentido si nuestro país continuó con una política electorera en la ejecución de los planes o si la 4T logró transformar al país en infraestructura.
POR MANUEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SIMAS, CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA
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