En el gobierno de Quintana Roo de Roberto Borge para nadie es un secreto que se cometieron una serie de excesos e ilegalidades por decir lo menos. Instituciones públicas como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sirvieron para el robo y saqueo a empresas, individuos y ejidos.
Varias denuncias atribuyen un papel similar al Registro Público de la Propiedad local, que presuntamente toleró que inmuebles en disputa legal cambiaran de dueño sin dar derecho de audiencia al expropiado.
Se echó a andar toda una maquinaria institucional compuesta por funcionarios y notarios auspiciados por el exgobernador, para arrebatar su patrimonio a sus legítimos dueños.
Hoy preso en el estado de Morelos, continúa con sus frivolidades, se informó en días pasados que se casó dentro del Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI), donde está detenido derivado de múltiples acusaciones al término de su administración.
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Existen acusaciones que lo involucran en la venta ilegal del patrimonio del estado, del quebranto a las arcas estatales por 30 mil millones de pesos, despojos a particulares y violaciones a los derechos humanos.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, investiga si en los lugares a los que viajó con frecuencia cuenta con algunas propiedades o cuentas bancarias, con el objetivo de congelarlas o solicitar que sean devueltas a México.
Incluso, Don Santiago reveló que la UIF detectó una red a través de la que Borge habría comprado inmuebles, mediante empresas fachada, facturas y dinero en efectivo, así como la adquisición de vehículos de lujo y embarcaciones.
Hoy con el actual Gobernador de la entidad, Carlos Manuel Joaquín González, se está poniendo orden al caos que le dejó su antecesor. De hecho, firmó con el actual Presidente de la República, un Convenio del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste, que tiene por objetivo que no haya anarquía, que no exista caos, y que se puedan definir los planes de desarrollo urbano en esa región del país.
Sin embargo, hoy causa gran revuelo en la entidad el caso donde se ha señalado a la activista Fabiola Cortés, de querer desalojar de sus tierras a la indígena Maya, Marleny Pat Abán, acusándola incluso de despojo.
Se han presentado por parte de los pobladores de esas tierras, manifestaciones en Palacio de Gobierno y en la sede de la Fiscalía estatal para denunciar el influyentismo de la abogada Cortés, por cierto, hermana del actual Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo, con el fin de arrebatarles sus propiedades.
Sin duda será un asunto que tendrá que atender el actual Gobernador, Carlos Joaquín González, para que no se vuelvan a presentar abusos de ningún tipo en contra de nadie y, mucho menos, de indígenas mayas a los cuales se les debe garantizar un acceso a la justicia en igualdad de condiciones, a pesar de no tener los recursos para contratar a las grandes firmas de abogados ni los contactos dentro de la estructura del poder.
A la gente de escasos recursos no solo se les debe apoyar con el otorgamiento de programas asistenciales, sino también con un trato justo y, velando dentro del marco de la ley, por el respeto irrestricto de sus derechos.
POR EDUARDO MACÍAS
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