Si cerrar los penales federales abatiera los problemas de reinserción social en el país, lo ideal sería clausurar todos y que los detenidos volvieran a las calles tras ser presentados ante el Ministerio Público, quien les pediría que se portaran bien y recomendaría a sus padres y abuelos que se hicieran cargo de ellos.
Si los abrazos resolvieran el problema de la violencia, lo único que habría que hacer es esperar a que pase la pandemia para que todos salgan a abrazarse, incluidos aquellos que actúan al margen de la ley y con ello el país quedaría completamente “pacificado”.
Sin embargo, eso es solo un sueño y en el peor de los escenarios un pretexto para seguir culpando a las administraciones pasadas de los problemas que la actual no puede resolver.
Está claro que las rejas no matan, pero tampoco garantizan la reinserción, por lo tanto hay que cerrar los penales federales; los abrazos no resuelven los problemas de violencia y delincuencia, pero permiten articular un buen discurso para denostar a los adversarios de cara al proceso electoral del 2021, así es que hay que promoverlos.
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Ahora toca el turno a los penales federales construidos bajo la modalidad de Contratos de Prestación de Servicio (CPS), a los cuales el ejecutivo federal ha comenzado a desacreditar para debilitarlos y justificar la cancelación de dichos contratos, con el argumento de que las adjudicaciones se realizaron de manera directa, resultan onerosos y obviamente estuvieron plagados de corrupción.
Todo comenzó con un informe de la Auditoría Superior de la Federación, la misma que ha encontrado infinidad de irregularidades en el ejercicio del presupuesto de 2019, en el que señala que el costo de mantenimiento de una persona privada de la libertad (PPL), es de hasta 190 mil pesos al mes, pero tramposamente incorpora hasta el costo del inmueble (amortización para cubrir la recuperación de la inversión), sin reparar que una vez vencido el contrato pasará a formar parte del activo fijo del gobierno federal.
Casos idénticos se han presentado en el otorgamiento de contratos para la construcción de otro tipo de infraestructura por parte de servidores públicos que hoy forman parte de la 4T, por ejemplo el Canciller con la Supervía poniente que va de San Jerónimo a Santa Fé y diversos tramos del segundo piso del Periférico de la Ciudad de México, incluso con las mismas empresas, entre ellas IDEAL que en su momento construyó y hoy administra la Autopista Urbana del Sur.
Volviendo al tema de los Centros Federales de Reinserción Social, nombre correcto de los penales federales tras la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo único cierto es que han sido cerrados tres, todos construidos en sexenios pasados (No. 2 de Puente Grande, Jal., No. 3 de Matamoros, Tamps. y No. 9 de Ciudad Juárez, Chih.) bajo el argumento de que son obsoletos y que resultaba más caro mantenerlos operando que cerrarlos. De los 7 restantes, por lo menos la mitad correrán la misma suerte, hasta quedarse únicamente con un tercio de los 10 que son propiedad del gobierno federal.
De ser así, a dónde llevarán a las PPL consideradas de alta peligrosidad y que tienen capacidad para desestabilizar los penales estatales y municipales?, la única respuesta es a los CPS, que en total suman 8 y ninguno está sobrepoblado. Este tipo de contradicciones lleva a cuestionar si los más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial no han sido capaces de llevar más detenidos y sustentar las acusaciones para que los gastos por cada PPL sean más accesibles? ¿Valdrá la pena rescindir los contratos aunque salga más caro el caldo que las albóndigas?
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL