México ha sido un país que recibe a los migrantes con los brazos abiertos y que, cuando deciden quedarse, reconoce su aportación al desarrollo nacional; así ocurrió con los españoles que escaparon de la Guerra Civil; los chilenos que huyeron de la dictadura; los argentinos, uruguayos y peruanos que fueron perseguidos políticos en sus países y que encontraron asilo aquí.
En el caso de los hermanos centroamericanos, por décadas han sufrido inseguridad, pobreza, falta de oportunidades, salen de su país tratando de alcanzar el sueño americano, ingresando por la frontera sur de México, una de las más porosas. Por años, los tapachultecos y otros paisanos del Soconusco señalaron la falta de atención de las autoridades migratorias y hacendarias en el tráfico de personas y mercancías, que traen consigo problemas de inseguridad, salud y hacinamiento en sus comunidades.
Por otro lado, los migrantes que ingresan de manera irregular, sin ningún tipo de control, sufren condiciones que atentan contra su dignidad e incluso contra su vida, al ser más factible que sean sujetos de extorsión, explotación o de captura por la delincuencia organizada para ser reclutados o esclavizados en la siembra de droga, prostitución o diversas formas de trata, aislados de su entorno social o familiar. Al encontrarse en esa situación, también les resulta más difícil reclamar sus derechos o acceder a su tutela, lo que se agrava en el caso de niños y niñas que viajan solos, quienes se exponen a un riesgo mayor.
Por eso es que ahora para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un asunto de seguridad nacional y pone especial énfasis en velar que se respete la ley; sin duda, la amenaza de Trump de imponer un arancel de 5 por ciento a las mercancías mexicanas, que se incrementaría si no se frenaba la migración ilegal, apresuró la decisión de desplegar a la Guardia Nacional para que las personas que integran las caravanas migrantes ingresaran de forma ordenada y de acuerdo a lo que establece la Ley.
México hace lo posible por aligerar su tránsito pero también por asegurarse de que quienes ingresan no sean criminales que tratan de evadir la justicia en su país. No hay duda de que en su tránsito se deben respetar sus derechos, pero, en correspondencia, también ellos deben respetar las leyes. Y aunque México es soberano para decidir su admisión, permanencia o expulsión o para decidir sobre su política migratoria, eso no implica que deje de actuar bajo estándares que se enmarcan en los compromisos internacionales que se han asumido.
Sin embargo, que cumplan las leyes, que se sujeten a las normas de control migratorio, es conveniente para hacerlos visibles, menos vulnerables; sólo así es posible lograr progresivamente la tutela de sus derechos fundamentales que está obligado a garantizarles el Estado, en el marco de la legislación nacional e internacional.
Mediante un ejercicio de tolerancia por parte de las comunidades y de la propia concientización de los migrantes por respetar la Ley, su paso podrá realizarse de manera respetuosa y bajo la máxima protección.
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POR EDUARDO RAMÍREZ
SENADOR POR MORENA
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