Recientemente el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una iniciativa para regular el outsourcing lo cual causó gran controversia. Ya que el mandatario expuso que “por la maniobra” que hicieron los empresarios en diciembre de 2019 se perdieron 382 mil 210 empleos y 378 mil 560 en el 2018.
El outsourcing (subcontratación o externalización) empezó a tener auge a partir del año 2014 y repuntó en el 2019 registrándose 5 millones de personas contratadas bajo este esquema, tomando importancia en él área laboral.
Al externalizar ciertos servicios las empresas tienen varias ventajas, como reducir costos, ahorrar tiempo y esfuerzo, disminuir el margen de error y mejorar el rendimiento global de la empresa.
Sin embargo, no podemos asegurar si ésta iniciativa es buena o mala, porque todavía no es una ley. Debe pasar primero a la Cámara Baja y la Cámara Alta para su evaluación y ponerla a votación; y para cuando esto suceda entonces se convertirá en una reforma y ya tendremos leyes que vayan regulando el manejo del outsourcing.
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Continúan las sesiones permanentes con los empresarios para exponer cuáles han sido las afectaciones reales a los trabajadores, a la hacienda pública, y a las instituciones de seguridad social.
Los principales puntos que presenta la iniciativa del outsourcing son: prohibir la subcontratación del personal, sólo se permitirá la prestación de servicios especializados; las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios.
especializados como un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados; las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para ser renovada cada 3 años; además, quedarán inscritas en un padrón público; se permitirán las agencias de colocación pero solamente podrán intervenir en el proceso de contratación; los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento.
Se pretende que la iniciativa se aplique a partir del 1 de enero del 2021 de ser así la STPS deberá expedir reglas y una vez publicadas, las empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para obtener la autorización de la dependencia.
Finalmente la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa Alcalde reunió a 70 empresarios para llegar a algunos acuerdos. Toda iniciativa que evite se les robe a los empleados está correcta, hay que mejorar la situación laboral de la gente.
El INEGI reportó 3.6 millones de desempleados y los empresarios no dan argumentos de peso que contrarresten la iniciativa del outsourcing.
Debemos estar conscientes que se avecina una nueva muy probable oleada de desempleos, a partir de estas modificaciones; no es el mejor momento para proponer una iniciativa, esto desde mi punto de vista va más allá de la crisis económica que padecemos desde el 2019 y más dirigido a la recaudación fiscal.
Por: David Razo
Presidente de Visión de Cambio
@david_razo84