COLUMNA INVITADA

Combate estatal a la corrupción

Tal como quedó plasmado en las bases de la Cuarta Transformación, los gobiernos deben comprometerse a no mentir; es decir, a cumplir con sus responsabilidades de transparencia

OPINIÓN

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David Monreal / Colaborador / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Foto: Especial

La corrupción es un fenómeno mundial que preocupa a las sociedades de todas las naciones. En 2016 se realizó la Cumbre Global Anticorrupción en Londres, Inglaterra, donde se delimitaron algunas acciones para visibilizar, castigar y eliminar la corrupción, así como para reconocer que esta conducta socava los esfuerzos para acabar con la pobreza y frena la prosperidad económica de los países. 

Tal como quedó plasmado en las bases de la Cuarta Transformación, los gobiernos deben comprometerse a no mentir; es decir, a cumplir con sus responsabilidades de transparencia; no robar, lo que se entiende en términos de una fiscalización eficiente del dinero público; y no traicionar al pueblo. En otras palabras, evitar la simulación y el gatopardismo en las políticas públicas de la materia, como es el caso de las actividades del Sistema Nacional Anticorrupción

Ese mismo año, ante la presión social para detener la corrupción que el presidente en turno, Enrique Peña Nieto, había señalado públicamente como una cuestión cultural, se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que entre sus aportes más importantes contempló la creación de un Comité de Participación Ciudadana integrado por una junta de selección, mecanismo que los gobiernos locales debían replicar, pero con especial atención en procurar independencia y profesionalismo en la integración del mismo, pues de otro modo la participación ciudadana se vería nuevamente en entredicho. 

A nivel estatal, las legislaturas de las entidades federativas contaron con un año para expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, teniendo como base el sistema nacional para formular los estatales; sin embargo, en el marco normativo no se contempló la creación de procedimientos municipales, limitando su participación en el combate a la corrupción con un dejo de centralismo. En este sentido, municipios de Jalisco, Querétaro y del Estado de México, han implementado sistemas municipales que se integren como agentes activos del nacional, para solventarlo en el ámbito local. 

Ésta es una estrategia importante, pero que de replicarse en otras entidades deberá contemplar las asimetrías poblacionales y económicas entre municipios para determinar su pertinencia, así como garantizar que la participación ciudadana actúe como un contrapeso efectivo en la política anticorrupción. Los comités de participación ciudadana estatales contemplan en su integración la imposibilidad para adherentes y afiliados de partidos políticos, una medida que podría ampliarse para personas relacionadas con la función pública y el sector empresarial

Del mismo modo, tanto a nivel estatal como municipal, los comités ciudadanos podrían asumir mayores responsabilidades en la operación de un sistema electrónico de denuncias y quejas que permita salvaguardar la integridad e identidad de las y los denunciantes, mediante el uso de las tecnologías de la información, pues es fundamental acabar con las redes de complicidad, más allá de investigar casos emblemáticos o la captura de chivos expiatorios

La corrupción es un fenómeno sistémico que se nutre de la impunidad y cuesta a México el 10% de su Producto Interno Bruto, daña los derechos humanos de la población y vulnera el Estado de derecho que tenemos la obligación de consolidar. 

 

POR DAVID MONREAL ÁVILA
COLABORADOR