En el largo proceso de la construcción de nuestra democracia, el tema de la equidad en la competencia se volvió fundamental desde 1996. Los avances fueron evidentes: 1) Se legisló para hacer más equitativo el financiamiento público a los partidos; 2) Se otorgaron tiempos oficiales a los partidos para difundir sus campañas; 3) Se fiscalizaron los recursos de los partidos para evitar superar topes de gastos y prevenir el uso de dinero de origen ilícito; 4) Se regularon las precampañas; 5) Se prohibió a los partidos la compra de spots en la Radio y TV, para evitar que los más ricos tuvieran ventaja; 6) El IFE y el INE regularon la aplicación correcta de estas normas.
Sin embargo, desde antes de 1996 el reclamo central de la oposición era impedir la intervención de las autoridades, de cualquier nivel de gobierno, en la organización, conducción o instrumentación de las elecciones. La democracia se fortaleció cuando el secretario de Gobernación dejó de presidir el Consejo General del IFE, privilegiando la autonomía e independencia. En especial, la ley estableció que las campañas de comunicación social de los gobiernos debían suspenderse en tiempos electorales. Además, de acuerdo con la Constitución, los funcionarios públicos deben de abstenerse de utilizar recursos públicos y estrategias de comunicación social para influir en las preferencias electorales, y se prohibió utilizar los programas sociales para orientar el voto de los beneficiarios.
El IFE, y luego el INE, enfrentaron diversos obstáculos para hacer valer la imparcialidad y la equidad en la competencia. Por eso, como lo hace en cada elección, el INE emitió la semana pasada tres lineamientos llamados de “cancha pareja” que buscan: 1) Garantizar los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral; 2) Fijar criterios en la aplicación de programas sociales gubernamentales; y 3)Garantizar la equidad entre los participantes en la contienda. Nada que no conociéramos de procesos anteriores, pero al igual que el presidente López Obrador impugnó medidas cautelares en su contra, Morena optó por cuestionar e impugnar dichos acuerdos ante el Tribunal Electoral.
La razón de Morena parece evidente: facilitar el camino para que el presidente continúe pronunciándose desde las mañaneras contra los partidos de oposición. Mientras, Morena utiliza los spots de la precampaña para denostar a sus contrincantes, identificándolos con la corrupción y llamándolos el “tumor” de México. Ahora. Claudia Sheinbaum se suma a los ataques a la coalición PRI-PAN-PRD. Así se arma la comunicación que rompe con los objetivos de los acuerdos del INE.
Habrá que ver a quién le da la razón el Tribunal, ante el temor manifiesto de Morena y del presidente por competir limpiamente en la elección. Malos augurios para las campañas del 2021.
Arturo Sánchez Gutiérrez
Decano Asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey
@ArturoSanchezG