Durante la semana anterior la conferencia mañanera fue escenario de una discusión añeja en nuestro país, la agenda pendiente en materia de derechos humanos. El caso de Rafael Méndez Valenzuela, joven del Estado de México, puso en evidencia las irregularidades de un sistema de justicia rancio que choca con la voluntad de un presidente que está convencido en invertir el proceso de descomposición social que durante décadas ha castigado a las y los más pobres del país.
¿Y esto por qué es un asunto de todas y todos? Porque una de las banderas más claras durante el largo proceso para el inicio de la 4T ha sido el combate a la impunidad y a la injusticia, elementos que en el Estado de México abundan. Este ejemplo puso sobre la mesa las anomalías recurrentes y casi normalizadas que se comenten de forma cotidiana, que van desde el momento de las detenciones, pasando por la presentación ante los ministerios públicos, la fabricación de delitos, ausencia de una defensa adecuada y la persistencia de un elemento lacerante en nuestra sociedad, la tortura.
En nuestro estado aún prevalece la actuación impune de cuerpos policiacos, mandos civiles e integrantes de toda la cadena de procuración de justicia sin una actuación contundente del responsable del poder ejecutivo para frenar esta situación. Es imposible no hacer una comparación, no contrastar con la actitud mostrada por el presidente de la República, la Secretaría de Gobernación y un destacado mexiquense a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que fue más allá de la buena voluntad al señalar que no sólo estaba comprobada la tortura a la que había sido sometido este joven, sino que si podía existir una responsabilidad de la jueza responsable.
Sería ingenuo pensar que habrá una actitud distinta sobre la materia de parte del gobierno de Alfredo Del Mazo y ante ello la única vía para cerrar las brechas de desigualdad y erradicación de estas prácticas están en el legislativo, hoy de mayoría morenista; en la presión (que no es poca) que ejerza sobre el poder judicial y en el compromiso de los gobiernos municipales para la implementación y vigilancia de protocolos de actuación de sus policías, donde los abusos tampoco son menores.
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No son temas sencillos, quizá la mayor parte de la población no conoce el infierno burocrático y de corrupción que implica dar de baja a un elemento policiaco por malas conductas, pero las alcaldesas y alcaldes no deben renunciar a explicar a la ciudadanía esos fenómenos para hacer de ella su aliada. El tema de inseguridad es el más sentido por la población de acuerdo con prácticamente cualquier encuesta; en pleno proceso electoral todos los actores políticos deberían ayudar a explicar la complejidad del tema, si no lo hacen por convicción al menos deberían hacerlo por estrategia y en cualquiera de los casos la beneficiada sería una ciudadanía que hoy padece el todo de un problema de lo que no conoce prácticamente nada.
POR DANIEL SERRANO
LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX