La Ley General de Educación Superior, aprobada el 9 de diciembre por el Senado de la República, es un hecho sin precedentes para el sistema educativo mexicano, pero también es un instrumento creado de manera unilateral, para el que expertos, académicos y la sociedad quedaron al margen de su discusión.
Tal vez la premura por su aprobación -la cual debía ser, según el propio Congreso de la Unión, antes de concluir el año-, dejó vacíos que generarán retrasos para su aplicación.
¿Será un derecho público que se pueda garantizar y que sea reclamable socialmente?, es una de las preguntas del doctor Hugo Casanova Cardiel, investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por un lado, la Ley General de Educación Superior suple a la Ley para la Coordinación de Educación Superior, promulgada en 1978, y que no respondía a las necesidades del sector ni a la realidad del servicio público.
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Por el otro, es pertinente que en este ámbito exista una ley que regule sus cauces en términos generales, ya que busca dar un marco normativo para cubrir todo lo que ocurre en las instituciones universitarias. Otro punto positivo es que plantea como un derecho y un bien público, la cobertura universal, la gratuidad y la laicidad en las universidades.
Sin embargo, Casanova Cardiel considera que es altamente probable que la ley encuentre obstáculos imprevistos y que su operatividad no sea la deseada.
También es de considerarse que los legisladores hayan decidido que se haga válida hasta 2022, en lugar de buscar una solución para que comience antes y se adapte al nuevo sistema educativo en el que estamos por el Covid-19.
La modalidad a distancia, la remota y la virtual, son temas que se obviaron en esta ley y no están plenamente considerados. Ahora tenemos una cobertura que nos indica que seis de cada 10 jóvenes en edad universitaria están fuera de la jugada. Esto sin hablar del presupuesto que se requiere para generar la infraestructura a fin de garantizar la universidad para todos.
Como ejemplo está la educación preescolar, que hace años se estableció como obligatoria y que hasta este momento tiene una cobertura sólo de 70%, lo que indica que no se cumple. Ojalá y la Ley General de Educación Superior no quede como letra muerta.
Hace falta crear observatorios ciudadanos, donde se abra un canal que no sólo permita a los legisladores ser escuchados, sino que ellos atiendan las grandes dudas de la sociedad y de la comunidad académica, sobre todo, al tomar decisiones tan importantes como para crear una Ley General de Educación Superior, y más.
SINCRONÍA: En los próximos días, la Cámara de Diputados debe aprobar el dictamen de esta nueva ley.
POR KARINA ÁLVAREZ
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