Las ”Joyas de familia”, es el nombre que se le dio a la colección de documentos ultra secretos de la CIA, generados de 1953 a 1973, y cuya información fue desclasificada en 2007, por presión de cientos de historiadores y periodistas norteamericanos. Entre los archivos, encontramos estas lindezas: Proyecto MKULTRA. Objetivo: fabricar drogas alucinógenas capaces de controlar la mente y la voluntad de los seres humanos. Operación 5412. Objetivo: eliminar al Primer Ministro de la República Democrática del Congo, Patrice Lumumba. ¿Motivo? Ser un «marxista peligroso». Proyecto MKSEARCH. Objetivo: crear un asesino que matase con tan sólo oír una palabra clave, y así.
Por fortuna, en México no tuvimos que esperar tantos años para enterarnos de la bisutería de nuestra familia gubernamental, que está a cargo de generar, difundir y por lo visto, de desincentivar la cultura generada y defendida por colectivos de artistas. Gracias a un descuido más grave que salir desnudo en el zoom de la oficina, pudimos enterarnos de las intenciones de un equipo de funcionarios, cuya misión especial es la desactivación de grupos de gente que se reúne a generar arte. Al parecer, el proyecto era ultrasecreto, tanto así que ni la misma Alejandra Frausto, secretaria de cultura federal, estaba al tanto de los objetivos principales.
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Con la experiencia que tengo como ex funcionaria pública de cultura en el FONCA y en La Esmeralda, así como de una secretaría de la 4T CDMX, puedo imaginar que las razones de estas personas son baratas y sin apego a ninguna estrategia. En mi vida laboral, he visto a directores de escuelas de arte quitando plazas de trabajo a artistas que se llevaron la beca del FONCA, nomás por ardor; he visto a profesores reprobar alumnas del examen de admisión porque les parecen gordas; a escritores frustrados en puestos clave, que pagan notas en contra de un buen escritor para sentirse poderosos, entre otras joyas más que no caben en mi texto.
Sin embargo, más allá de diálogos imaginarios, el tema es otro. La intención que llevó a los funcionarios a generar el grupo “desactivador”, tiene varias dimensiones. La primera resulta de la aplicación de recursos públicos y ejercicio (abusivo) de facultades para desactivar colectivos culturales. La segunda es la violación a derechos humanos como la libertad de expresión, el acceso a la cultura y a los derechos sociales en general. La tercera, la actuación de los funcionarios públicos es ilegal tanto en lo administrativo como en la materia penal.
El que la Secretaria Fraustro haya comentado que se tomaron medidas en contra de la persona que creó el grupo, no es algo tranquilizante. La mayoría de los integrantes del chat sigue laborando con la misma mentalidad. El informe de la Secretaria es un velo a la evidente intención de amordazar y reprimir a los colectivos culturales. Esta, es una alerta que evidencia una abierta política de represión por parte de un estado, que en voz de su dirigente de cultura, admite abiertamente que no estaba enterada de que su equipo cometían actos de represión, al más puro estilo de los años 70. Por ello es importante mantenernos unidos como grupo interesado, e informar a los funcionarios que manejan los recursos culturales, que hay que trabajar para sacar al país adelante, no al revés.
*ACLARACIÓN: La aplicación de recursos, tanto económicos como humanos a fines distintos a los que la ley faculta y ordena a los funcionarios públicos se traduce en una desviación de los mismos, y esta conducta está prevista en la ley penal.
Por JULEN LADRÓN DE GUEVARA
CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX
@JULENLDG