ALHAJERO

Empoderan a la cancillería

Las reformas a la Ley de Seguridad conllevan el “empoderamiento” de la cancillería y la subordinación de los estados y los municipios al gobierno Federal

OPINIÓN

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Martha Anaya / Alhajero / Opinión El Heraldo de México Créditos: Foto: Especial

Llegó al Senado dos días atrás. Ayer por la mañana pasó por Comisiones…¡ y ayer mismo subió  al pleno para su votación!

Así de rápido se cocinó la reforma a la Ley de Seguridad que propuso el Presidente de la República para regular la presencia y actuación de los agentes extranjeros en nuestro país.

La detención —sin aviso previo alguno— del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, dio pié sin duda a esta reacción del gobierno mexicano.

Y hacía falta, sin duda, pues ya era un desgarriate la manera en que operaban las distintas agencias extranjeras de seguridad —incluidos los representantes diplomáticos, de embajadores para abajo—, al igual que el desorden que privaba en las propias instancias mexicanas en su relación con todos ellos.

Anteriormente intentó corregirse —acotarse, esencialmente— esta situación con la famosa “ventanilla única”, pero no fue suficiente.

Ahora, tras lo sucedido con la detención del ex secretario de la Defensa (aún y cuando ya haya sido regresado a México), hay motivo más que suficiente para plantear cambios en esta situación. Unos buenos, otros con sus asegunes.

Entre otras cosas, se limitará la actuación de los agentes extranjeros únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en los términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor.

Según explicó Ricardo Monreal previamente, se trata de regular el intercambio de información entre autoridades mexicanas y elementos extranjeros en el país, y de normar las funciones de las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno en seguridad nacional.

Las modificaciones obligarán a las embajadas y misiones extranjeras a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre “hechos en materia de seguridad de los que tengan conocimiento”.

Además, se obliga a las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México a entregar en 72 horas a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe por escrito de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros.

Esta última parte —el “empoderamiento” a la cancillería y la subordinación de los estados y los municipios al gobierno Federal— fue lo que más inquietó a la oposición: “¡Los estados no tienen que pedir permiso!”, alegó el panista Damián Zepeda.

Para los morenos, empero, lo importante es que “se trata de recuperar la soberanía de nuestro país”. 

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POR MARTHA ANAYA
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