López Obrador no se cansa de violar la Constitución y las leyes con tal de mantener una campaña electoral permanente distrayendo a los ciudadanos del desastre de sexenio que estamos viviendo. En ese sentido, propuso una consulta popular en la que se pregunte a los mexicanos si están de acuerdo en juzgar a los expresidentes y lo hizo para distraer a la opinión pública, recordemos que su propuesta fue en respuesta a la filtración de los videos donde uno de sus hermanos es captado recibiendo millones de pesos en efectivo.
Lo más grave es que pese a la evidente violación a la Carta Magna de la forma en que estaba planteada la pregunta de dicha consulta, seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cedieron ante la presión del gobierno y haciendo verdaderas piruetas jurídicas, declararon constitucional una pregunta que somete a consulta si las autoridades de procuración de justicia deben hacer su trabajo o no.
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Así, el Presidente sigue avanzando en su obsesión de acapararlo todo y neutralizar a cualquier voz que no comulgue con su proyecto político, pero lo anterior no es fruto de la casualidad sino un rasgo característico de regímenes autoritarios y populistas.
En Bolivia, Evo Morales afirmaba que “el Poder Judicial es el sector más corrupto del país” y propuso un mecanismo para elegir mediante el sufragio directo a los jueces, lo cual resultó en el secuestro del Tribunal Supremo por parte de los partidarios del expresidente. Prueba de ello es que, en las últimas elecciones, se le permitió a Morales participar en el proceso pese a haber agotado el número de reelecciones permitidas por el texto constitucional. La excusa del Tribunal fue que se violaba su derecho humano a “ser votado”.
En Venezuela la historia es similar, actualmente la dictadura ha colocado a jueces militantes del partido político oficialista, incluso contradiciendo su propia Constitución y han encontrado todas las trampas jurídicas para sostener una dictadura que se cae en pedazos.
Cabe señalar que, en la crisis institucional actual, sólo 34% de los jueces son titulares, los demás son temporales, pues fueron nombrados sin el proceso ordinario, según las Naciones Unidas.
Todo indica que la consulta popular para “juzgar” a los expresidentes se llevará a cabo, pero ni siquiera tiene como objetivo alcanzar la justicia y someterlos a escrutinio de la Fiscalía, sino que solamente será un mecanismo electorero que no beneficiará en nada al país. Mientras México es consumido por la pandemia, la crisis económica y la violencia, el Presidente está pensando en un nuevo distractor para este espectáculo que se autonombra “Cuarta Transformación”.
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
COLABORADORA EDITORIAL
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