Cuando más necesitamos un jefe de Estado con visión y estatura global, tenemos un presidente atrapado en la era del carbón. Esto aplica lo mismo para la pandemia, la economía, los programas de desarrollo, la democracia y, desde luego, el sector energético, que han sido víctimas de un gobierno anclado en modelos anacrónicos.
Mientras el mundo avanza de manera veloz –incluso a pesar de la pandemia– hacia esquemas que permitan procesos de consumo, producción y comercialización de energías más limpias y amigables con el medio ambiente, en México tenemos un gobierno que se ha dedicado a bloquear sistemáticamente las nuevas alternativas en el sector.
En una era de revoluciones científicas y de transición energética global, tenemos un presidente que piensa que las energías limpias “son un sofisma” y que es buen momento para invertir en el carbón como medio para “rescatar” la industria eléctrica.
Bajo el paraguas ideológico de un falso nacionalismo energético, se ha venido colocando un conjunto de trabas –de todo tipo: desde legales y políticas, hasta burocráticas y administrativas– para evitar que se concreten nuevos proyectos que detonen una mayor generación de energías limpias.
Te podría interesar
En algunos casos ha sido la falta de permisos, en otros la ausencia de estudios, evaluaciones o consultas; pero el resultado ha sido que le han privado al país de estas inversiones, así como de los miles de empleos que se generarían como resultado de las mismas.
Se calcula que la cifra de inversiones detenidas ronda los 100 mil millones de dólares –de acuerdo con estimaciones de la Concamin– y que la situación en la que se encuentran los 285 proyectos parados pone en riesgo el abasto de energía.
El presidente y sus colaboradores en el sector no se han cansado de repetir su vieja y cada vez menos convincente cantaleta de que todo esto es para “limpiar la corrupción”; que lo que están haciendo es frenar los “turbios intereses” del periodo neoliberal; dejando claro que ante la falta de argumentos, de una política sustentada en la evidencia y el conocimiento científico, y sobre todo, ante la ausencia de un verdadero plan energético de cara al siglo XXI, no les queda más que recurrir a sus fantasmas y falacias de siempre.
Todo esto se ha traducido en arduas disputas legales, en juicios y controversias que han exacerbado las pérdidas, en trabas innecesarias y una creciente incertidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros, mermando el potencial y el dinamismo del sector energético.
El conflicto ha escalado al grado de llegar a la Suprema Corte de Justicia, en la que se puso freno a la ominosa Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad, emitida por la SENER, en la cual, además de desalentar la producción de nuevas energías, se afecta la competencia en el sector, dando preferencia a las viejas plantas productoras de la CFE, que generan electricidad menos limpia, de manera menos eficiente y a mayor costo.
¿Quién pierde con todas estas decisiones? Pierden los consumidores y las familias, que deben seguir pagando energía a altos precios; las empresas e inversionistas, que están en desventaja ante otros mercados más competitivos y con mayor acceso a energías baratas; y, desde luego, pierde el país, con un modelo energético propio de la era del carbón, que además de destruir el medio ambiente, está destruyendo nuestro futuro.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO CIUDADANO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUILLERMOLERDO