El proceso electoral que concluye el próximo 18 de octubre en Hidalgo y Coahuila dejó al descubierto un problema en el que las mujeres debemos estar pendientes, a fin de erradicarlo en la elección de 2021; me refiero a la violencia política en razón de género.
En ambas entidades tenemos conocimiento de casos en que las candidatas mujeres sufrieron burlas, descalificaciones, ataques, se les pusieron apodos, se les atacó por su apariencia física, su forma de hablar, de vestir o sobre su cuerpo.
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Todas las que nos dedicamos a la política sabíamos que el hecho de que a mediados a abril se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma sobre violencia política de género, que comprende diversas leyes, no era sinónimo de que ésta desaparecería en automático, pero no imaginamos que sería así de evidente.
En los casos donde las candidatas llevan la delantera, la respuesta de los candidatos hombres ha sido sumamente violenta, y cuando no son las agresiones verbales son las descalificaciones a sus capacidades e inteligencia. Pareciera que vivimos un retroceso en el que las mujeres dedicadas a la política no están exentas.
En otros lugares, lo que vimos fue una forma diferente de violencia en donde el esposo que no puede ser candidato debido a que hoy la ley establece que 50% de las candidaturas deben ser para mujeres, ponen a las esposas de candidatas con la intención de ser ellos quienes gobiernen.
Quienes incurren en estas prácticas no sólo simulan cumplir con la ley; además, ejercen una de las peores maneras de violencia: considerar a las mujeres incapaces de asumir la responsabilidad de una candidatura y, mucho menos, de un cargo público. A todas ellas es urgente empoderarlas para que no acepten esas reglas y rompan ese ciclo.
Sé de otros casos, como en el municipio de Tlanalapa, Hidalgo, donde la violencia contra la candidata que va a la cabeza y es del PRD ha sufrido todo tipo de acusaciones falsas, comenzando por agresiones a su familia y su equipo, y desde luego a su persona. Los ataques no mencionan nada de sus propuestas y la forma en que ella plantea gobernar y ayudar a su municipio.
Cuando las reformas sobre violencia política en razón de género se aprobaron y publicaron hubo felicidad y la esperanza de que algo comenzaría a cambiar, y sabíamos que estas elecciones serían un termómetro para medir cómo está el clima hacia las mujeres que desean ejercer cualquier cargo de poder.
Tristemente vemos que la ley, al menos en algunos municipios, es letra muerta, y urge una capacitación, primero, a las mujeres de partido y a las que aspiran a ser candidatas, para que conozcan los recursos legales que hay a su alcance para protegerse.
Es evidente que en los estados hace falta información sobre el tema y las sanciones que la ley permite, probablemente debido a la cantidad de información relacionada con la pandemia por el COVID-19 y la crisis internacional por los precios del petróleo, el tema tuvo poca difusión en los medios de comunicación.
Por eso es necesario que las mujeres de partido sepan qué leyes las protegen, en qué consistió la reforma y cuáles son los aspectos más sobresalientes de la misma.
Hoy todos los que aspiren a ser candidatos, los partidos y las autoridades electorales deben saber que la violencia política contra las mujeres en un delito electoral que se actualiza concretamente con alguna de las 14 conductas previstas por la norma: ejercer violencia contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada que no tenga relación con su vida pública y que menoscabe el ejercicio de su actividad.
Por KAREN QUIROGA ANGUIANO.
SECRETARIA DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL PRD.