El 1 de septiembre, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, presentó un informe que, para él, es el tercer informe de gobierno de la 4T, se da en un marco de añoranza de los usufructuarios de la dictadura perfecta por sus privilegios perdidos.
El atraco institucional que duraría más de 80 años y que sometió a la nación a un modelo económico de crecimiento mediocre no mayor a 2% anual del PNB, el viejo régimen secuestró la mentalidad democrática del pueblo de México.
En repudio a ese régimen y respaldado por 30 millones de votos, López Obrador planteó en su campaña el rompimiento con ese viejo régimen e implantar una reconfiguración del Estado mexicano, y por esa vía, una recomposición de todo el país.
Ante una economía cada vez más globalizada y, en consecuencia con una mayor dependencia del mercado internacional, el gobierno de la 4T se presta a generar las condiciones de paz y seguridad tan necesarias y fundamentales para el desarrollo económico de la nación.
La 4T implica cambiar las condiciones de pobreza aludidas, así como los vicios de un grupo de usufructuarios y privilegiados del poder público que se resisten a perder sus privilegios basados en una corrupción que ha sido la inmensa mina del inevitable y escandaloso crecimiento de sus fortunas mal habidas.
En estas condiciones, el Presidente ha hecho en diversas ocasiones un llamado a la unidad para enfrentar con el mayor respaldo posible los graves desafíos de violencia, desigualdad económica y corrupción que siguen minando al Estado mexicano, y que se han manifestado hasta hoy en los nombres de Emilio Lozoya, Rosario Robles, Juan Collado y Enrique Peña Nieto, como personas implicadas en delitos relacionados con el mal manejo de los recursos públicos y además de otras personas menos conocidas como los integrantes del consejo de administración de Pemex y administradores de las empresas Agronitrogenados y Fertinal, cuyos responsables son: Alfonso Ancira, Flavio Covarrubias, Pedro Joaquín Coldwell y Luis Videgaray.
La información que tenemos del proceso judicial que se les sigue a estos personajes constituye, sin duda alguna, el nuevo siglo de la historia contemporánea de México. El fin de la impunidad.
Los cambios jurídicos implementados por el Congreso, de mayoría morenista, así lo han proyectado, hoy son graves los delitos que anteriormente no lo eran.
Que se haga justicia por los abusos que la clase política ha cometido, éste es el clamor de una sociedad agraviada que llevó al poder a López Obrador, que paguen los que tengan culpas y que en el marco estricto del derecho se demuestre su culpabilidad. No debemos olvidar que todo proceso social conlleva tiempo y que existen mafias incrustadas dentro de las instituciones.
La Cuarta Transformación avanza a pesar de todo, vamos bien, lo ha dicho el Presidente, pero sólo hombro con hombro se podrá sostener la base de estos cambios nacionales, el cual es muy grande para un solo hombre por más fuerte, más capaz y más valiente que sea, realizarlo solo le será imposible.
POR JOSÉ EMMANUEL VARGAS
DIPUTADO CDMX
@EMMANUELVBR
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