En 2017, el Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros. El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, y ahí quedó.
La relevancia de impulsar la homologación que buscaba dicha ley radica en contar con sistemas registrales y catastrales eficientes que fomenten inversiones, ofreciendo mayor certidumbre jurídica.
Para poder llevar a cabo una correcta planificación del territorio es necesario administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral de manera integral.
Sin embargo, la integración y la interoperabilidad de la información catastral y registral es todavía un reto para los estados y municipios.
Los programas de modernización catastral conducidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) han contribuido a la coordinación en la generación de los datos, pero la heterogeneidad en la maduración y la diversidad de desarrollos es amplia.
Los resultados de las Secciones Catastral y de Planeación y Gestión Territorial del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que, a pesar de que la mayoría de los municipios ya tienen el Padrón Catastral en medios digitales, todavía hay 196 municipios que aún lo tienen en papel.
Únicamente 48 por ciento de los municipios cuenta con cartografía catastral y 54 por ciento de los municipios declararon no tener actividades de planeación urbana.
En cuanto a los gobiernos estatales, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, muestra que 27 de las 32 entidades federativas tienen un consejo o comité estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Chiapas y Nayarit declararon no realizar actividades en materia de ordenamiento territorial.
La planeación a partir de la información catastral y registral es fundamental para evitar asentamientos humanos irregulares. 56 por ciento de las entidades federativas tienen registros de asentamientos humanos en zonas de riesgo, por inundación, agrietamiento, deslaves, fenómenos hidrometeorológicos, etcétera.
En el ordenamiento del territorio, es fundamental contar con estándares en la generación de información catastral a nivel nacional.
La información catastral debe ser abierta y debe poder ser utilizada por los hacedores de política pública en el ámbito territorial, claro cuidando siempre la privacidad y confidencialidad de la información.
Ojalá que, en el próximo periodo de sesiones, la Cámara de Diputados retome el tema y busque armonizar la información catastral y registral.
En tiempos de austeridad, el beneficio recaudatorio puede ser enorme.
POR PALOMA MERODIO
*Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Inegi.
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