¿Qué llevo a AMLO a concluir que la seguridad nacional y pública de México dependía de la militarización de la nación? Hasta el momento de escribir esto, no ha habido explicación alguna. Y no me sorprendería que nunca haya una explicación certera, precisa y detallada de las razones que le llevaron a cambiar 180 grados su propuesta sobre seguridad. Fue del “regresaré los militares a sus cuarteles en seis meses” al “entregaré el mando de las fuerzas civiles del Estado mexicano al Ejército por tiempo indeterminado”.
Su propuesta de Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 propone ocho puntos, de los cuales siete son accesorios al octavo. Los siete son: 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, 2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar, 3. Pleno respeto y promoción de derechos humanos, 4. Regeneración ética de la sociedad, 5. Reformular el combate a las drogas, 6. Emprender la construcción de la paz, y 7. Recuperación y dignificación.
Estos siete puntos son un aderezo a la propuesta, un acompañamiento diseñado para atajar críticas, disfrazar la verdadera intención del programa y dar argumentos “humanistas y políticos” a sus fieles.
El octavo punto es, en realidad, el corazón de su propuesta. Es propiamente el Plan de Seguridad Pública. El Plan será encabezado nacionalmente por los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina y, supletoriamente, por el secretario de Seguridad Pública Federal, la secretaria de Gobernación o el Fiscal general de la Nación. Propone dividir al país en 266 Coordinaciones Regionales. Las coordinaciones estarán conformadas por representantes militares y civiles de cada localidad, aunque los militares tendrán la palabra final sobre las acciones a seguir en materia de seguridad pública.
Cada Coordinación contará con un “representante” del gobierno federal que serán miembros de Morena. Debido a que esos representantes federales serán, en realidad, ejecutores de las órdenes de los militares, las Coordinaciones, tal y como están concebidas hasta ahora, son el germen de la subordinación de los funcionarios civiles a directrices de autoridades militares. No hay otra manera de entender la jerarquía planteada.
Cuando se habla de la militarización del gobierno, es en referencia directa a este modelo de subordinación jerárquica de autoridades civiles, incluyendo autoridades electas por voto popular, como los Presidentes Municipales, a directrices y ordenamientos de las autoridades militares de la localidad.
Serán las autoridades militares, a través de su propio sistema de inteligencia política y criminal que no tendrán ninguna de las autoridades civiles, quienes determinarán el destino de una parte muy importante de los recursos públicos destinados a programas y proyectos de desarrollo económico, social y de seguridad en todo el país. Su información le dará ventaja a las autoridades militares para planificar y decidir la adjudicación de recursos presupuestales, pues, siguiendo los argumentos “humanistas y políticos” del Plan, todo es seguridad. Economía, empleo, educación, salud, derechos humanos, procuración de justicia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, cursos de ética y filosofía, “recuperación y dignificación”. Todo.
El fin de la militarización es indeterminado. Idos son los días en que se prometía regresar los militares a sus cuarteles en seis meses o tres años. El Plan plantea la permanencia de los militares en las tareas de seguridad, sin fecha de caducidad. Es previsible, por la propia naturaleza de la estructura planteada de Coordinación nacional y Coordinaciones regionales, que la presencia de los efectivos militares será permanente, durante todo el sexenio. Y, conforme pasa el tiempo, será también natural que las Fuerzas Armadas adquieran poderes cada vez mayores sobre el uso y disposición de los recursos presupuestales, humanos y naturales de la nación.
Si a Calderón o a Peña Nieto se les hubiera ocurrido iniciar una dinámica de militarización del país bajo este esquema, habría habido una revuelta en su contra. La recientemente derogada Ley de Seguridad Interior no era ni remotamente parecida a esto. Planteaba un horizonte vago para la terminación de las labores de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Si bien no lo definía con precisión, la idea subyacente en esa Ley era dar cobijo legal a los militares mientras se formaba una policía nacional capaz de sustituir al Ejército y la Marina en la tarea de frenar al crimen organizado.
La propuesta de AMLO prioriza el mando militar en decisiones no sólo en tareas de combate al crimen organizado, sino en múltiples áreas de la vida pública del país, como la generación de empleos, la educación o los servicios de salud.
Este Plan tiene visos de ser un golpe de Estado técnico porque justifica la creación de un gobierno cívico-militar que no fue electo por el pueblo. Me recuerda a Allende en Chile y Perón en Argentina.
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