Mucho se ha hablado de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, enviada por el Presidente López Obrador en febrero de este año, que fue complementada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y cuyo contenido es completamente público, al alcance de cualquier ciudadano.
Aunque son voces específicas las que se oponen a la reforma, en América Latina y en otras Naciones del mundo se ha avanzado desde hace mucho tiempo en la transformación de los sistemas judiciales, para afianzar la democratización política y la voluntad popular, expresada a través del voto y/o las consultas.
Entender el objetivo de la reforma planteada por el titular del Ejecutivo es fundamental para despejar prejuicios y descalificaciones sesgadas, producto del maniqueísmo partidista que tanto daño ha hecho a México en las últimas décadas.
Lo cierto es que, en concordancia con la transformación institucional que se ha venido impulsando desde hace 6 años, la reforma al Poder Judicial empodera al ciudadano frente al poder político.
Entre las modificaciones realizadas a la iniciativa original se encuentra la incorporación de los "jueces sin rostro", para proteger la identidad de los impartidores de justicia en casos que involucren a los grupos criminales y algunos incisos para garantizar la paridad de género en todos los niveles.
Contrario a lo que se ha venido diciendo entre algunas fuentes críticas de la reforma, la iniciativa no abrirá la puerta para un poder metaconstitucional como en antaño, sino que, contrario a ello, abrirá un espacio para llevar a cabo un proceso de selección, revisión, votación y aprobación de perfiles para magistrados, ministros y jueces; encabezado primero por una Comisión de Juristas y sometido luego a la voluntad popular.
Desde hace décadas, la procuración de justicia en el país ha enfrentado numerosos retos y problemáticas de diversa índole. La corrupción y la impunidad son dos de los más graves. Ambos se han convertido en un verdadero cáncer que lastima profundamente el tejido social de la Nación.
La dilación de los procesos penales, la ausencia de reparación del daño, la imposibilidad de acceso a la justicia pronta e imparcial, así como la influencia política en la impartición de la justicia; todo ello distingue a nuestro sistema actual. El problema, dicen los expertos, se encuentra en gran medida en lo obsoleto del modelo.
Y es que, citando al Dr. Leoncio Lara, catedrático de la UNAM, la sociedad mexicana ha experimentado una acelerada evolución en sus procesos de urbanización, industrialización, apertura comercial y relaciones internas. Pero vale la pena preguntarnos a consciencia, ¿nuestro sistema de procuración de justicia, lo ha hecho también?, ¿ha evolucionado en concordancia con estos cambios vertiginosos?
La transformación del Poder Judicial tiene interpretaciones y lecturas disímbolas. Muchas de éstas contrarias. Lo que es un hecho es que, si la democracia ha encontrado raíces en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, cuyos representantes emanan del voto popular; ¿por qué no hacerlo así en el poder restante que completa la triada del poder público de nuestro país?
Hoy más que nunca vale la pena apostar al diálogo y al enriquecimiento de ideas, pero más que ello a la evolución de los entes del Estado Mexicano que ya no tienen vigencia, bajo su concepción original, en el nuevo modelo político que ha entrado en su segunda fase.
Por: Leonor Gómez Otegui
Colaboradora