El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó un informe detallado sobre las acciones realizadas por el personal militar y las fuerzas estatales para enfrentar la creciente violencia derivada de los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, que comenzaron el 9 de septiembre de 2024. El mandatario subrayó la importancia de los decomisos de armas, vehículos y drogas, así como la captura de varios individuos involucrados en estos actos violentos.
Rocha Moya destacó la relevancia de las incautaciones, afirmando: "Los decomisos son muy importantes porque la guerra la hacen con los recursos que tienen disponibles", en referencia al impacto que tienen estas acciones en la capacidad operativa de los grupos delictivos.
Entre los logros más sobresalientes de los operativos, se aseguró un importante arsenal, incluyendo 173 armas largas, entre ellas 16 ametralladoras y 7 fusiles Barret, además de 30 armas cortas. Asimismo, las autoridades confiscaron 7 granadas de fragmentación, 10 artefactos explosivos improvisados y una granada de lanzacohetes de 83mm, lo que refleja el alto poder de fuego de los grupos criminales.
Además de las armas, se incautaron 122 vehículos, de los cuales 25 estaban blindados. Entre ellos, se encontraban vehículos clonados con apariencia militar, así como patrullas falsas de la Policía Municipal y la Policía de Investigación. También se aseguraron 10 motocicletas, de las cuales 8 eran imitaciones de unidades de la Policía Estatal.
El decomiso también incluyó 50,449 cartuchos, 947 cargadores y un significativo cargamento de drogas, compuesto por 31.85 kilogramos de marihuana y 45.014 kilogramos de fentanilo, uno de los mayores decomisos en la región en los últimos tiempos.
En cuanto a los enfrentamientos, se registraron 58 eventos violentos, de los cuales 20 fueron ataques directos contra personal militar y de la Guardia Nacional. Como resultado de los operativos, 20 civiles fueron neutralizados y 50 personas resultaron detenidas. Además, tres personas que habían sido privadas de su libertad fueron liberadas durante las acciones de seguridad.
El informe también señala que 4 vehículos oficiales fueron dañados en el transcurso de los enfrentamientos, lo que subraya los riesgos y desafíos que enfrentan las autoridades en la ejecución de estos operativos.
El gobernador Rocha Moya reiteró el compromiso de las autoridades federales y estatales de continuar con estas acciones hasta lograr la restauración de la paz en Sinaloa. "Seguiremos actuando para frenar la violencia generada por las disputas entre los grupos delictivos y garantizar la seguridad de la población", afirmó.
Policía municipal de Culiacán retomará actividades hasta concluir revisión de armas
El gobernador Rubén Rocha Moya informó que la policía municipal de Culiacán continuará sin operar hasta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) termine de revisar su armamento. Este proceso, detalló el mandatario, no se trata de desarmar a la corporación, sino de un análisis detallado para asegurar que todas las armas cumplan con la normativa vigente.
"Estamos verificando si las armas están dentro de los lineamientos establecidos. El procedimiento ya está en marcha y esperamos que finalice pronto", expresó Rocha Moya durante su conferencia Semanera.
Mientras este proceso sigue su curso, el gobernador aseguró que la seguridad en Culiacán y sus alrededores está siendo garantizada por la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes se han hecho cargo de las tareas de vigilancia y protección. "Hemos coordinado esfuerzos con las fuerzas federales y estatales para mantener la tranquilidad en las zonas afectadas", indicó.
El mandatario subrayó que la policía municipal solo volverá a sus funciones una vez que se complete la revisión y se les devuelva su armamento. "La corporación no reanudará sus labores hasta que reciban de nuevo las armas inspeccionadas", reiteró Rocha Moya.
Este proceso de revisión, vinculado a la Licencia Oficial Colectiva (LOC) 204, busca garantizar que el armamento de los cuerpos policiales cumpla con los requisitos legales necesarios, con el fin de asegurar el bienestar de la ciudadanía sin comprometer la seguridad pública.
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