Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz votaron en contra del paro de labores porque, destacaron, esta figura no está prevista a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Corte mediante un acuerdo de ministros.
Luego de que se dio a conocer la votación, las tres integrantes del máximo tribunal citaron el artículo 109 de la Carta Magna que indica que procede la destitución e inhabilitación del cargo, mediante juicio político, para los ministros que “incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
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También indicaron que la Ley Orgánica del PJF establece que hay responsabilidad para el servidor público que deje de desempeñar sus funciones.
“Por el contrario, el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios s por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/de la Segunda Sala. Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia, como las y los Ministros de esta Corte, no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indicaron.
Además señalaron que los ocho ministros que votaron a favor debieron determinar que dejarían de percibir su sueldo porque el Código Penal Federal establece como delitos por hechos de corrupción, la omisión de proporcionar el servicio público o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello.
“Una vez tomada la decisión de suspender labores, las suscritas propusimos continuar sesionando a distancia, dado que se cuenta con una lista de 28 proyectos distribuidos en este Tribunal Pleno, y en las salas, contamos con dos listas ya repartidas semanas atrás en ambas salas que suman más de 200 asuntos”, informaron.
Mayoría rechaza críticas de ministras
Los ministros que avalaron el paro lamentaron “las descalificaciones, infundios y las amenazas” contenidas en el pronunciamiento de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, contra ellos, pero principalmente contra los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Aseguraron que la impartición de justicia continúa con el trámite y el estudio de los asuntos, así como la atención de casos urgentes.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, baluarte y última línea de defensa de los derechos fundamentales de todas las personas es, y debe seguir siendo, un ejemplo en el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos, sin que esto implique el menoscabo de los derechos de las personas que laboramos en esta Institución”, señalaron.
Destacaron que no caerán en provocaciones ni intimidaciones.
“Con cabal respeto a las diferencias, pero sin caer nunca en provocaciones e intimidaciones que no abonan al debate republicano que debe imperar en un Estado constitucional y democrático de derecho, renovamos nuestro compromiso con la sociedad a la que nos debemos, así como nuestra solidaridad y respeto a nuestras compañeras y compañeros del Poder Judicial de la Federación”, indicaron.
TJM