Como jueza del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha dictado sentencias con perspectiva de género y de los derechos de la infancia, pero actualmente enfrenta ataques por haber ordenado que se frenara el procedimiento legislativo de la reforma judicial. Se trata de Martha Magaña, Jueza Quinto de Distrito en Cuernavaca, Morelos, quien ya forma parte de los jueces exhibidos y criticados por sus resoluciones, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con El Heraldo de México, la impartidora de justicia detalló que tuvo que promover un juicio de amparo para no ser detenida luego de que se anunció una denuncia penal en su contra. El pasado 1 de septiembre, Sergio Gutiérrez Luna anunció en su cuenta de X, que diputados de Morena presentaron una solicitud de juicio político y denuncia penal contra Magaña y otro juez, por otorgar suspensiones contra la reforma.
“El acto reclamado ( en el amparo) es cualquier orden de detención derivada de la intimidación de esas manifestaciones políticas públicas que se hicieron… el juicio está admitido y cuento con una suspensión (para el efecto) de que no sea detenida por esa razón en particular, por la emisión de esas suspensiones”, explicó.
Un juez necesita estar protegido para emitir sentencias: Martha Magaña
Señaló que para que un juez pueda emitir sus sentencias con tranquilidad requiere estar protegido, por lo que decidió presentar el amparo.
“Cuando llegó a mí el asunto, yo me abstraje un poco de los medios y de las redes sociales justamente porque tenía el asunto en mis manos, ahí no me di cuenta pero se hicieron unas manifestaciones directamente del presidente de la República y si mal no recuerdo de un diputado o senadores en relación a que iban a ejercer esas acciones (denuncia)…
“Para que un juzgador tenga la independencia o la tranquilidad de dictar sus resoluciones con toda tranquilidad necesita estar protegido, si hay alguna amenaza de que te van a detener por alguna resolución judicial, que todos sabemos que eso no es posible, pero aún así hay que cubrir todo lo necesario para que un juzgador esté tranquilo y pueda continuar emitiendo sus resoluciones”, dijo.
Magaña aseguró que es víctima de violencia mediática de género, pues aunque no sólo ella dictó suspensiones contra la reforma judicial, sino también otros jueces, es la que más ha recibido ataques y amenazas, a pesar de que las resoluciones han sido confirmadas por magistrados.
“Es mucho más fácil desacreditar el trabajo de una mujer al de un hombre, tan es así que al día de hoy no conocemos el nombre del juez de Chiapas o el juez de Colima, así como tampoco de los magistrados, todos varones, que han confirmado esas determinaciones del juez de Colima, por ejemplo”, enfatizó.
La juzgadora otorgó dos suspensiones provisionales y una definitiva en dos juicios de amparo y explicó que antes de admitir el primer asunto y de emitir sus resoluciones presentó un impedimento porque estuvo en foros y manifestando su rechazo a la reforma.
“También expreso que no pasa desapercibido el principio de necesidad, que este se genera cuando hay ciertos asuntos que involucran también intereses de los titulares, nosotros (jueces) no dejamos de ser ciudadanos y también tenemos derechos”, explicó.
Un tribunal colegiado declaró fundada su petición y turnó los juicios de amparo a otro juez.
“Lo actuado anteriormente sigue manteniendo su esencia jurídica y solo se va a dar continuidad al juicio en las partes que corresponde”, detalló.
Lleva más de 23 años en el PJF y lamentó que aunque recientemente emitió una resolución sobre una mujer trans agredida en un centro de reclusión, de eso nada se mencionó. A una persona sin carrera judicial, sin haber acreditado exámenes y sin cubrir los requisitos impuestos por el Consejo de la Judicatura Federal, le sería imposible otorgar una suspensión como las que ella otorgó sobre la reforma judicial, aseguró.
“Estos 23 años me dieron justamente la entereza y la firmeza para ver un asunto de esta categoría, de esta magnitud y para haber emitido esas suspensiones con toda la precisión y contra lo que se dice por ahí, aplicando justamente los criterios de jurisprudencia existente”, enfatizó.
Magaña llamó al gobierno federal a hacer valer los recursos jurídicos porque los discursos de odio no son la vía correcta para manifestar una inconformidad con las resoluciones.
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