El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ha enviado al Congreso una propuesta conocida como "Ley Michelada". Esta iniciativa busca sancionar la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, considerándola una infracción contra la seguridad ciudadana.
La propuesta llega a menos de un mes de que finalice su mandato, y se presenta junto a otras tres iniciativas que abordan temas como la renta de viviendas del Programa de Reconstrucción, regulaciones sobre hospedaje temporal, y un enfoque renovado sobre la responsabilidad social del Estado en la Constitución local.
Créditos: Archivo El Heraldo de México
La "Ley Michelada" establece que la venta de alcohol en la vía pública será sancionada con multas de hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente equivale a aproximadamente 3,000 pesos.
Además, contempla un arresto de 36 horas o la obligación de realizar trabajo comunitario, sin embargo, se exceptúan de esta normativa los establecimientos que operan en ferias, romerías o festividades, siempre que cuenten con los permisos correspondientes de las autoridades.
También propone penas severas para los propietarios y responsables de locales que ignoren las clausuras, aquellos que quiebren los sellos de clausura enfrentarán de seis a 12 años de prisión.
Otras iniciativas de Batres para terminar su gestión
Otra de las iniciativas busca modificar el Artículo 26 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, permitiendo que un porcentaje de los inmuebles reconstruidos por el Gobierno pueda ser rentado, comercializado o vendido. Esto busca brindar más flexibilidad a los propietarios y una mayor opción de vivienda en una ciudad con una alta demanda habitacional.
Créditos: Archivo El Heraldo de México
Además existe una propuesta para regular las plataformas de hospedaje temporal como Airbnb. Batres sugiere que, si un inmueble supera el 50% de ocupación anual, no podrá renovar su registro para hospedaje temporal hasta después de un año. Esta medida tiene como objetivo garantizar una mayor certeza jurídica y proteger el acceso a la vivienda popular en la ciudad.
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