La diputada Lorena de la Garza, denunció un nuevo caso de triangulación de recursos públicos que involucra al gobernador Samuel García.
Lorena de la Garza acompañada de la legisladora Perla Villarreal, denuncia casos como el de Suministro MYR, empresa que ha sido señalada por triangular más de 200 millones de pesos a un despacho vinculado a Samuel García.
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Esto se suma a una serie de denuncias previas que configuran un patrón sistemático de corrupción y abuso de poder en el gobierno estatal.
Lo mismo ocurrió con el caso de ECM Soluciones Fiscales, en donde el gobernador está implicado en la triangulación de 140 millones de pesos a sus despachos.
Señalan malos manejos económicos del DIF Nuevo León
Las revelaciones de medios nacionales, sobre estos presuntos actos de corrupción donde se señalan malos manejos economicos en el DIF de Nuevo León, con un consorcio empresarial que ha recibido contrato por 820 millones de pesos en la administración de Samuel García. Y posteriormente, esta empresa pagó 4.6 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del gobernador y su papá.
“La reciente triangulación de recursos públicos desde el DIF hacia empresas proveedoras y de ellas hacia el despacho del gobernador Samuel García se une a otros casos que ya hemos denunciado. Esto evidencia un modus operandi en el gobierno para enriquecer al gobernador y su familia", declaró la diputada Lorena de la Garza.
Estos casos explican la supuesta bonanza económica del gobernador y su familia. Entre 2015 y 2021, los despachos jurídicos de Samuel García facturaban 632 millones de pesos. Sin embargo, de 2021 a 2024, los ingresos se han disparado a 1,781 millones de pesos.
Este crecimiento desproporcionado en los ingresos de los despachos jurídicos de Samuel García y su familia supera el crecimiento de empresas como las del Grupo de los Diez, y refleja un patrón sistemático de corrupción.
Limitantes para ejercer acciones legales
La diputada comentó que ante estas denuncias existen dos limitantes para que se puedan ejercer acciones legales en contra del gobernador: el fuero que ostenta como gobernador y los amparos que ha conseguido Samuel García con jueces amigos en otros estados del país.
Por lo tanto, “el trabajo de nosotros como diputados es avanzar en el proceso del juicio político del gobernador y explorar la posibilidad del desafuero. Es crucial que se tomen estas medidas para que Samuel García no siga hipotecando el futuro de Nuevo León bajo el amparo de su fuero político”, comentó de la Garza.
La legisladora solicitó a la Auditoría Superior del Estado que investigue estos contratos otorgados desde el DIF. Es urgente que se investigue cómo las empresas a las que Samuel y su gobierno otorgan contratos, después regresan para contratar los servicios de los despachos jurídicos de Samuel García y su familia, dejándoles millones de pesos en ingresos, finalizó la diputada.
DRV/TJM