Amanda Gabriela Zola Velázquez fue víctima de acoso y agresiones durante dos años por parte de Andrés Huerta Ruiz, hijo del propietario del local que renta para su negocio, Mandy Bags. Además, enfrenta la negativa de un ministerio público para remitir su caso a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, insistiéndo en tratarlo como daños a propiedad ajena o amenazas. Mandy Bags, una tienda de accesorios y bolsas para dama, abrió en 2020 en la colonia La Paz, una zona con una larga historia de asentamiento de familias poblanas de ascendencia libanesa o española.
En la avenida Prolongación Reforma, esquina con Calle Chapulco, Amanda conoció a Andrés Huerta Ruiz, quien se ha convertido en su agresor, según relata en un escrito dirigido a Gilberto Higuera Bernal, titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En 2022, Amanda conoció a Andrés, quien vive en el mismo edificio que su tienda. Al principio, Andrés le confesó que fumaba marihuana, pero cuando Amanda comenzó a salir con Erick Fernando Álvarez Villafañe, un amigo que Andrés le presentó, él se volvió cada vez más agresivo y abusivo, pidiéndole dinero prestado que nunca devolvía y eventualmente exigiéndoselo.
Crédito: Cuartoscuro
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¿Qué sucedió con Amanda?
El 27 de marzo, mientras Amanda atendía a unos clientes, Andrés llegó a Mandy Bags exigiendo ver las cámaras de seguridad porque, según él, había dejado una mochila detrás del zaguán y afirmaba que Erick Fernando la había tomado. La situación empeoró hasta que, el 19 de mayo, un ex trabajador de Mandy Bags llamó a Erick Fernando para informarle que la tienda se había incendiado.
Amanda, al enterarse, se dirigió al local y encontró a la administradora del edificio y al cuerpo de Bomberos, quienes le indicaron que el incendio pudo haber comenzado en una pantalla, una silla y un sillón. Amanda sospechó que el incendio no fue un accidente y, al revisar las cámaras de seguridad, descubrió que Andrés Huerta Ruiz había provocado el fuego.
En una de las tres denuncias que Amanda ha presentado contra Andrés, solicita medidas de protección debido a la gravedad de las agresiones. Sin embargo, Carlos Alberto Pon Joo, titular de la agencia del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Regional, ha mostrado reticencia en reconocer la gravedad de las amenazas y los daños, que ascienden a 250 mil pesos según una estimación preliminar.
En la investigación Amanda pide medidas de protección debido a su temor de que Andrés atente contra ella, señalando que no solo destruyó sus cámaras de seguridad, sino que también incendió su negocio sin considerar el riesgo para todo el edificio y sus residentes.