La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwai, advirtió sobre los riesgos de que altos funcionarios, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, califiquen públicamente de corruptos y delincuentes a jueces.
En su cuenta de X, Satterthwai señaló que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños a causa de su trabajo o de sus decisiones y sentencias independientes.
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“#Mexico - Me preocupa el presunto uso indebido de los canales de comunicación gubernamental por parte del Ejecutivo para estigmatizar y tachar de "corruptos" a determinados operadores de justicia, lo que puede derivar en hostigamientos y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales", indicó en X.
La Relatora Especial aseguró que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a jueces y magistrados para que trabajen con seguridad. Destacó que si bien la corrupción es un problema grave la prevención y sanción de esta debe ser con base en pruebas y garantizando el debido proceso.
“Es responsabilidad del Estado mexicano proteger a jueces y magistrados para que trabajen con seguridad. Las autoridades deben garantizar personal y recursos suficientes para su protección y no retirar las medidas de seguridad otorgadas", señaló.
En México, los jueces son intimidados
Satterthwai difundió un informe de abril pasado en el que señala que recibió información sobre la “presunta intimidación de jueces y presunta injerencia en la independencia judicial a través de ataques verbales, incluyendo amenazas, que emanan de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno hacia algunos jueces, señalando oposición a las decisiones que dichos jueces han tomado”.
En este documento, la Relatora indica que el Presidente habría pedido o anunciado públicamente el inicio de investigaciones sobre jueces como parte de sus reiteradas denuncias contra jueces durante La Mañanera, incluso mediante acciones administrativas, penales y disciplinarias, y peticiones de revocación de la inmunidad judicial en aparente represalia por la adopción de resoluciones en casos específicos.
“La información sugiere que los ataques a jueces durante La Mañanera buscarían minar la confianza pública en el poder judicial federal. La información indica que estos ataques serían el origen de acoso en línea y amenazas a la integridad personal de varios jueces criticados o etiquetados por el Presidente”, señala el informe.
Destacó que si los hechos descritos se confirman podrían constituir una violación a diversos estándares internacionales vinculantes para México.
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